El Parlamento Europeo presentó el proyecto de Directiva revisada sobre la prevención y persecución del abuso sexual infantil, que introduce modificaciones sustanciales en la tipificación de los delitos, el régimen sancionador y las medidas de apoyo a los menores de edad afectados. La propuesta, aprobada por la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, tiene por objeto armonizar la normativa de los Estados miembros y adecuarla a las herramientas tecnológicas actuales.
En materia de punibilidad, el texto suprime los plazos de prescripción aplicables a los delitos comprendidos en la Directiva, a fin de permitir el ejercicio de la acción penal sin limitación temporal. Asimismo, se contempla la imprescriptibilidad del derecho de las víctimas a reclamar indemnización derivada del daño sufrido.
El catálogo de infracciones se amplía para abarcar el uso de sistemas de inteligencia artificial diseñados o adaptados principalmente a la comisión de delitos de abuso sexual infantil, la transmisión en directo de tales abusos y la distribución de material ilícito por medios electrónicos. Se incluyen, además, como modalidad agravada, las actuaciones en las que el autor simule ser un igual.
La propuesta introduce una definición específica de consentimiento para las personas menores que han alcanzado la edad de consentimiento sexual conforme al derecho interno de cada Estado miembro. Igualmente, establece una exención de responsabilidad penal para las interacciones consentidas entre personas de edad similar, siempre que no medie abuso de poder, confianza o dependencia.
Para la fase investigadora, la iniciativa autoriza la utilización de técnicas encubiertas, incluidos los denominados “honeypots”, y prevé la cooperación transfronteriza entre autoridades competentes. Estas facultades se someten a los requisitos de necesidad y proporcionalidad impuestos por el derecho de la Unión y el respeto a los derechos fundamentales.
En cuanto a la asistencia a las víctimas, el texto impone a los Estados miembros la obligación de garantizar servicios gratuitos que comprendan exámenes médicos y forenses, apoyo psicológico y acceso a la salud sexual y reproductiva. Se adopta el modelo Barnahus como referencia para la prestación coordinada de tales servicios en un entorno adaptado a la infancia.
Los mecanismos de denuncia deberán ser accesibles, dotados de recursos suficientes y sensibles a las cuestiones de género. Se reconoce legitimación a terceras entidades, incluidas organizaciones de la sociedad civil, para comunicar hechos presuntamente delictivos a las autoridades competentes.
El proyecto fue aprobado en comisión por 57 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. El Pleno del Parlamento Europeo someterá el texto a votación durante el periodo de sesiones comprendido entre el 16 y el 19 de junio, tras lo cual podrá iniciarse el procedimiento de negociación con el Consejo para la adopción definitiva de la norma.