Política migratoria.
Suspensión de plan del gobierno federal para deportar migrantes a terceros países es confirmada por un tribunal estadounidense
El litigio tiene como eje central la legalidad de una política federal que busca transferir determinados migrantes no a sus países de origen, sino a terceros Estados no identificados inicialmente en sus procedimientos migratorios. La medida fue impugnada judicialmente por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, bajo el argumento de que vulnera disposiciones de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito resolvió rechazar una solicitud presentada por el gobierno federal, que pretendía suspender una orden judicial preliminar de alcance nacional. Dicha orden, emitida por el Tribunal de Distrito, restringe temporalmente la ejecución de una política migratoria que contempla la deportación de personas extranjeras a terceros países con los que no tienen vínculos personales ni antecedentes de residencia.
La solicitud rechazada por la corte fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual argumentó la necesidad de levantar la medida cautelar. No obstante, el tribunal de apelaciones concluyó que el gobierno no logró satisfacer el estándar legal exigido para la concesión de medidas excepcionales, conforme a lo establecido por el precedente jurisprudencial en “Nken v. Holder”.
En su resolución, el panel de tres jueces manifestó preocupación por la vigencia y aplicación de la guía emitida por el DHS en 2024, relacionada con deportaciones a terceros países. Asimismo, destacó la posibilidad de que se deriven consecuencias jurídicas relevantes en caso de llevarse a cabo expulsiones sin el cumplimiento de garantías procesales mínimas, entre ellas la oportunidad de manifestar temores fundados de persecución, tortura u otros daños graves.
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