La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito resolvió rechazar una solicitud presentada por el gobierno federal, que pretendía suspender una orden judicial preliminar de alcance nacional. Dicha orden, emitida por el Tribunal de Distrito, restringe temporalmente la ejecución de una política migratoria que contempla la deportación de personas extranjeras a terceros países con los que no tienen vínculos personales ni antecedentes de residencia.
La solicitud rechazada por la corte fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual argumentó la necesidad de levantar la medida cautelar. No obstante, el tribunal de apelaciones concluyó que el gobierno no logró satisfacer el estándar legal exigido para la concesión de medidas excepcionales, conforme a lo establecido por el precedente jurisprudencial en “Nken v. Holder”.
En su resolución, el panel de tres jueces manifestó preocupación por la vigencia y aplicación de la guía emitida por el DHS en 2024, relacionada con deportaciones a terceros países. Asimismo, destacó la posibilidad de que se deriven consecuencias jurídicas relevantes en caso de llevarse a cabo expulsiones sin el cumplimiento de garantías procesales mínimas, entre ellas la oportunidad de manifestar temores fundados de persecución, tortura u otros daños graves.
El tribunal también analizó la actuación procesal del gobierno, señalando que la moción fue presentada en forma «provisional» apenas tres días antes de la entrada en vigor de la orden judicial. Además, se incluyó una observación respecto a ciertos traslados recientes que habrían sido efectuados mediante transporte militar, lo que dio lugar a cuestionamientos adicionales sobre su conformidad con la normativa aplicable.
El litigio tiene como eje central la legalidad de una política federal que busca transferir determinados migrantes no a sus países de origen, sino a terceros Estados no identificados inicialmente en sus procedimientos migratorios. La medida fue impugnada judicialmente por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, bajo el argumento de que vulnera disposiciones de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos en relación con el debido proceso.
En su decisión inicial, el juez ordenó que las personas potencialmente afectadas por estas transferencias recibieran notificación escrita sobre su destino de deportación propuesto y tuvieran oportunidad efectiva para presentar objeciones. Posteriormente, amplió el alcance de la orden judicial en respuesta a informes sobre el traslado de ciudadanos venezolanos desde la Base Naval de Guantánamo hacia El Salvador, acción que podría entrar en conflicto con las medidas cautelares previas.
“En particular, nos preocupa la aplicación continua de la Guía del Departamento de Seguridad Nacional sobre Deportaciones a Terceros Países del 30 de marzo; la presentación por parte de los demandados de una solicitud de suspensión provisional tres días antes de la entrada en vigor de la orden judicial; el daño irreparable que resultará de las deportaciones injustificadas en este contexto; la equidad de la suspensión; y ciertas cuestiones de fondo que las partes deben abordar en sus escritos”, concluye la Corte.