La moción, patrocinada por los diputados Roberto Arroyo, Felipe Camaño, Marcos Ilabaca, Jaime Mulet y Rubén Oyarzo, junto a las diputadas Camila Musante, Joanna Pérez y Carolina Tello, propone modificar el Código Aeronáutico para fortalecer la seguridad de la aviación civil.
La iniciativa surge ante la creciente preocupación por la falta de fiscalización de una parte significativa de los vuelos civiles en el país y la potencial utilización de aeronaves para el transporte de drogas u otras actividades ilícitas.
Los autores de la moción exponen que Chile fue pionero en la aeronáutica mundial, realizando su primer vuelo en 1910. Refieren que el Derecho Aeronáutico ha experimentado un rápido desarrollo, regulando la infraestructura aérea, las naves, el personal, los contratos, infracciones y delitos contra la seguridad de la aviación civil, principalmente a través del Código Aeronáutico de 1990 y tratados internacionales.
No obstante, se presentan hoy desafíos ante nuevas conductas que atentan contra la seguridad aérea y que se han masificado a nivel internacional, como posibles operaciones de traslado de drogas. Mencionan un reportaje de Canal 13 que evidenció la falta de fiscalización en ciertas pistas y la ocurrencia de aterrizajes y despegues sin registro, al punto que el Estado de Chile, afirman, carece de personal y tecnología suficiente para controlar adecuadamente los vuelos de la aviación civil.
Como propuesta de solución indican que es necesario modernizar la normativa aeronáutica para hacer frente a la falta de fiscalización, personal e infraestructura, atendido que la infraestructura aeronáutica nacional cuenta con 344 aeródromos, 102 helipuertos, 7 aeropuertos y que la DGAC administra 101, con personal en solo 36.
Citan como antecedente la última modificación al Código Aeronáutico introducida mediante la ley 21.610, sobre listado de pasajeros.
También aluden al derecho comparado, legislaciones que ha dictado Ecuador, Paraguay, Honduras y Brasil para enfrentar el problema de las «narcoavionetas», mientras que en Chile se regula el derribo de aviones sólo en los reglamentos DAR 91 y DAN 91.
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En definitiva, para fortalecer el control y la seguridad en la aviación civil chilena, proponen modificar el Código Aeronáutico para establecer que la circulación de aeronaves chilenas debe seguir criterios de seguridad, registro y seguimiento dispuestos por la autoridad; exigir que los despegues y aterrizajes se realicen en aeródromos reconocidos, con registro obligatorio de aeronaves, pilotos, pasajeros y carga; añadir la obligación de registrar e informar en detalles los aterrizajes de emergencia; ampliar las facultades de la autoridad aeronáutica para controlar, registrar, inspeccionar y seguir aeronaves, tripulación y carga; introducir la obligatoriedad de informar plan de vuelo, detalles de tripulación, pasajeros, carga y estado de instrumentos de comunicación antes del despegue; y establecer la presunción de posible transporte de drogas o sustancias ilícitas para aeronaves no registradas que no respondan a comunicaciones, entre otras enmiendas.
La iniciativa, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea texto de la moción Boletín N° 17.485–02 y siga su tramitación aquí.