El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia condenatoria en contra de un acusado por delitos de estafa reiterada y ejercicio ilegal de la profesión. Le impuso una pena de 7 años de presidio efectivo, además de inhabilitaciones y una multa. Lo absolvió de los cargos que le formuló el Ministerio Público como autor del delito de uso malicioso de instrumento público falso, presuntamente perpetrado en Santiago, entre julio de 2018 y octubre de 2019.
Según el fallo, el acusado se hizo pasar por abogado experto en temas internacionales, sin serlo, engañando a dos hermanas entre julio de 2018 y octubre de 2019. Mediante una elaborada trama de engaños que incluía documentos falsos y supuestas amenazas legales, logró obtener más de $430 millones de las víctimas.
Engaño a la víctima a la que hizo suscribir un contrato de prestación de servicios jurídicos para que obtuviera su divorcio en EEUU, que incluía el pago del traslado y estadía a dicho país, desde donde comenzó a exigirle mayores transferencias de dinero, haciéndole creer que existían causas penales por tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos en contra de un tercero y que sería cómplice de tales delitos, pasando a ser sujeto de extradición, diciéndole incluso que arriesgaba una pena de 53 años en EEUU y que uno de sus hijos, que cursaba estudios en la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, sería desvinculado de la institución, si no lograba resolver estos problemas. Para lograr la apariencia de realidad en sus dichos, el imputado le exhibía a la víctima copias de documentos supuestamente emanados autoridades en EEUU, correos electrónicos y hasta una supuesta credencial del Departamento de Estado de ese país.
El tribunal consideró probado que el condenado fingió ser abogado para obtener un divorcio en EE.UU.; inventó causas penales por tráfico de drogas y lavado de activos; amenazó con una supuesta extradición y penas de prisión; presentó documentos falsos de autoridades estadounidenses y ofreció asesoría legal fraudulenta en un caso de muerte.
Además de la pena de prisión, el acusado deberá pagar $460 millones en indemnizaciones por daño emergente y moral a las víctimas.