El gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha promulgado una nueva ley que limita significativamente el acceso a la ciudadanía italiana por ascendencia. Esta medida, que entró en vigor, ha generado preocupación y frustración entre millones de personas en todo el mundo con raíces italianas.
La nueva legislación restringe el derecho a la ciudadanía por ius sanguinis (línea de sangre) únicamente a personas cuyos padres o abuelos eran italianos, excluyendo así a quienes tenían bisabuelos italianos. Este cambio afecta a una parte considerable de los 80 millones de personas de ascendencia italiana en todo el mundo, según datos del Ministerio del Interior de Italia.
Para aquellos que ya habían iniciado el proceso de solicitud basándose en sus bisabuelos, la noticia es especialmente desalentadora. Muchos han invertido tiempo y dinero en recopilar, traducir y certificar documentos necesarios para el trámite. Gina Pace Trucil, una solicitante estadounidense, expresó su frustración en redes sociales: «Presenté todos mis documentos con base en mi bisabuelo. Esperé tres años para mi cita, gasté miles de dólares y ahora me dicen que no soy elegible».
Ahora, las personas en esta situación solo podrán obtener la ciudadanía italiana mudándose al país y solicitando la residencia, un proceso que se ha vuelto más complicado bajo el gobierno de Meloni debido al endurecimiento de las normas de visado para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea.
Samantha Wilson, directora de Smart Move Italy, una firma especializada en procesos de inmigración, calificó el cambio como «una terrible noticia» y advirtió sobre sus posibles consecuencias negativas para Italia: «Muchos de estos solicitantes no solo buscaban conectar con su herencia, sino que también planeaban invertir en propiedades, emprender negocios y contribuir a la economía italiana. Ahora, eso ya no es posible sin una visa».
Para complicar aún más el panorama, los italianos votarán en un referéndum el 8 y 9 de junio sobre una propuesta para modificar las normas de ciudadanía por residencia. Actualmente, los ciudadanos no pertenecientes a la UE pueden solicitar la ciudadanía tras 10 años de residencia legal. El referéndum propone reducir este requisito a cinco años, aunque se prevé que no sea aprobado.
Los requisitos actuales para obtener la ciudadanía por residencia incluyen demostrar ingresos anuales mínimos, aprobar un examen de italiano y no tener antecedentes penales en todos los países donde se ha vivido. En contraste, quienes solicitaban la ciudadanía por ascendencia no necesitaban cumplir con estos requisitos.
Wilson sugiere a quienes se han visto afectados por este cambio que exploren otras opciones, como el programa de Visas para Nómadas Digitales de Italia, o que consideren impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional italiano. Sin embargo, advierte que este proceso podría llevar más de un año y conllevar costos legales significativos.
Esta nueva ley representa un giro significativo en la política de ciudadanía italiana y ha generado un debate sobre el equilibrio entre la preservación de la herencia cultural y las necesidades demográficas y económicas del país.