La reforma -aprobada por el Congreso tras casi 12 años de tramitación- entre sus puntos clave establece un plazo máximo de 18 meses para definir si un niño se revincula con su familia de origen o inicia una adopción, y también permite que personas solteras y uniones civiles puedan adoptar.
Tras casi 12 años de tramitación legislativa, este lunes 16 de junio fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados la Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile, una normativa que moderniza y humaniza el proceso, priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y reduciendo los plazos que hoy pueden extenderse por más de seis años.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cada año se concretan cerca de 250 adopciones en Chile, en procesos que pueden durar entre 3 y 6 años, o incluso más. Con la nueva legislación, se establece un plazo máximo de entre 12 y 18 meses para que un juez o jueza determine si el niño o niña puede revincularse con su familia de origen o iniciar el proceso para ser adoptado por otra familia.
Uno de los principales cambios es la creación de un único proceso judicial, lo que simplifica los trámites y reduce la burocracia. A su vez, se elimina la rígida preferencia por matrimonios, permitiendo que personas solteras, parejas con acuerdo de unión civil o matrimonios puedan adoptar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Estamos frente a una reforma que representa un cambio profundo en la manera de entender y gestionar la adopción. No solo se agiliza el procedimiento, sino que se incorpora una mirada más respetuosa y empática hacia todos los involucrados, especialmente hacia los niños y niñas, quienes por fin están verdaderamente en el centro del proceso.
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La nueva ley también contempla otras innovaciones relevantes, entre los que destacan que se permite el contacto con familiares de origen, si así lo determina el tribunal, considerando el bienestar del niño o niña. También se abre la posibilidad para que familias de acogida puedan adoptar en ciertos casos, bajo condiciones específicas; además, se establece un modelo de evaluación formativa de parentalidad adoptiva, que prepara y acompaña a quienes desean adoptar, fortaleciendo sus habilidades parentales desde una perspectiva integral y se perfecciona el delito de obtención ilegal de niños, niñas y adolescentes, con sanciones más claras y severas.
Con esta nueva normativa, Chile avanza hacia un sistema de adopción más ágil, inclusivo y centrado en los derechos de la niñez, reconociendo que cada día cuenta cuando se trata de garantizar un entorno familiar protector y definitivo para quienes más lo necesitan.
Cristian Muñoz es abogado especialista en Derecho de Familia y Socio Fundador de Muñoz Abogados y Cia.