En el contexto de las celebraciones del Orgullo LGBTI que se realizan en gran parte del continente durante el mes de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un llamado a los Estados del hemisferio: es urgente adoptar medidas legislativas, institucionales y de política pública que pongan fin a la violencia, la discriminación y la exclusión social basadas en orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, o características sexuales no normativas.
Si bien en los últimos años se han logrado avances significativos en varios países —como la creación de protocolos para investigar crímenes de odio, el reconocimiento legal de delitos por prejuicio, y la capacitación de operadores de justicia en diversidad— la región aún enfrenta desafíos graves. La violencia contra personas LGBTI sigue siendo alarmantemente alta, con casi 3.000 asesinatos registrados desde 2014 según organizaciones de la sociedad civil.
A este panorama se suman los discursos de odio promovidos por líderes políticos y campañas de desinformación dirigidas contra activistas y defensoras de derechos humanos. Además, la CIDH ha alertado sobre intentos recientes de revertir derechos adquiridos, como restringir el acceso a la salud para personas trans, eliminar referencias a diversidad y género en políticas públicas, cerrar instituciones de igualdad o reinstaurar leyes que penalizan relaciones entre personas del mismo sexo.
Estas medidas regresivas representan una amenaza concreta a los avances alcanzados y refuerzan la urgencia de proteger los logros obtenidos mediante luchas sociales y políticas de largo aliento.
La CIDH reconoce los progresos, pero recuerda que la igualdad formal no es suficiente: aún se necesita garantizar el acceso real y efectivo a la justicia, la salud, la educación y la participación libre de discriminación. También subraya que cualquier limitación a derechos debe basarse en principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, nunca en prejuicios.
Finalmente, la Comisión reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y su disposición a colaborar con los Estados y la sociedad civil para consolidar una igualdad plena en todos los niveles.