La moción, patrocinada por las diputadas Carla Morales y Ximena Ossandón, junto a los diputados Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Bernardo Berger, José Miguel Castro, Eduardo Durán, Miguel Mellado (A), Jorge Rathgeb y Frank Sauerbaum, busca modificar la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, para ampliar las facultades fiscalizadoras del Órgano de Control con el objeto de combatir la corrupción y mejorar la percepción de la ciudadanía hacia las instituciones públicas.
Los autores justifican la iniciativa en la necesidad de enfrentar la corrupción y el uso indebido de fondos públicos, para lo cual se debe adaptar el control interno a la expansión del aparato administrativo. Se trata entonces, de dotar a la Contraloría de herramientas más robustas y efectivas para su labor fiscalizadora, afirman.
Refieren que ello se hace más urgente luego de que la Contraloría General detectara irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, evidenciando la necesidad de fortalecer sus facultades de fiscalización.
En primer lugar, se busca modificar el artículo 9 de la Ley N°10.336, ampliando explícitamente la facultad de la institución para poder solicitar bases de datos e información bancaria directamente a las entidades financieras.
Asimismo, se plantea la posibilidad de ampliar la facultad sancionadora del Contralor General, pudiendo con ello aplicar medidas disciplinarias a quienes incumplan los requerimientos de entregar la información necesaria para fiscalizarlos, ya sea, aplicando multas y/o suspendiendo las funciones de estos (sin goce de remuneraciones).
Asimismo, proponen que se establezca explícitamente que la renuncia de un funcionario público no extinguirá su eventual responsabilidad administrativa.
También que la Contraloría pueda aplicar sanciones administrativas y de poder solicitar al tribunal electoral regional la declaración de responsabilidades para alcaldes y gobernadores regionales.
Por último, proponen modernizar el procedimiento sumarial mediante la utilización de medios electrónicos y digitales, para garantizar la rapidez, eficacia y transparencia de estos.
Según los impulsores de la moción, estas modificaciones son parte de un conjunto de iniciativas que buscan responder de manera decidida a los graves casos de corrupción que han afectado la administración pública en el último tiempo.
El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, pasó para su estudio a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
Vea texto moción Boletín N°17.621-06 y siga su tramitación aquí.