La Comisión Europea presentó una propuesta de modificación de la Ley del Clima de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2021/1119), que busca sustituir sus apartados 3 y 5 del artículo 4. Dicha propuesta introduce un objetivo vinculante de reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2040, respecto a los niveles registrados en 1990.
Con base en esta propuesta, se establecería un punto de referencia intermedio entre los objetivos ya fijados para 2030 y 2050. Esta disposición busca facilitar el seguimiento normativo y orientar la aplicación progresiva de las obligaciones en materia de mitigación climática por parte de los Estados miembros.
La Comisión ha señalado que la formulación de dicho objetivo se realizó mediante consulta con partes interesadas del sector público y privado, y contempla flexibilidad en su ejecución sectorial. Se reconoce, asimismo, la existencia de disparidades estructurales entre las economías de los Estados miembros, en especial aquellas con sectores agrícolas o forestales relevantes, permitiéndose la compensación entre sectores mediante mecanismos de balance de emisiones.
La propuesta también contempla medidas de apoyo financiero, como incentivos fiscales a la inversión en tecnologías limpias, para favorecer el cumplimiento de las nuevas metas.
Lee también
Paralelamente, la Comisión enfrenta cuestionamientos en relación con el paquete legislativo Ómnibus I, presentado en febrero de 2025, que propone reformas a la Directiva (UE) 2024/2121 sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (DDCSE). En términos sustantivos, esta iniciativa legislativa propone limitar la obligación de diligencia debida a los proveedores directos, aplazar su implementación dos años y reformular la exigencia de planes de transición climática, sustituyéndola por una obligación de descripción general de acciones previstas.
Diversos actores han señalado que esta reforma podría generar efectos contraproducentes en cuanto a la rendición de cuentas ambiental por parte de las empresas establecidas o que operen en el territorio de la Unión. Por su parte, la Comisión ha argumentado que el objetivo principal de la reforma es la simplificación normativa, especialmente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.
Conforme a las evaluaciones actuales, el grado de cumplimiento de la Unión Europea en cuanto a la reducción de emisiones se clasifica como de progreso medio a partir de 2025.