Protección de datos personales
TGUE valida marco de transferencia de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos
Desestimó un recurso contra la decisión de la Comisión que aprobó el nuevo marco de transferencia de datos personales entre la Unión y los Estados Unidos. El Tribunal concluyó que el Data Protection Review Court cumple con garantías suficientes de independencia e imparcialidad. Además, consideró que la recogida masiva de datos personales por agencias de inteligencia estadounidenses está sujeta a control judicial a posteriori, en consonancia con la jurisprudencia del asunto Schrems II. En consecuencia, confirmó la validez de la decisión de adecuación adoptada por la Comisión.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó el recurso que un ciudadano francés interpuso contra la decisión de la Comisión Europea que estableció el marco de transferencia de datos personales entre la Unión y Estados Unidos. La sentencia reconoce que, en la fecha de adopción de la decisión, el ordenamiento jurídico estadounidense ofrecía un nivel de protección adecuado, de conformidad con el Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal apreció que el Data Protection Review Court dispone de garantías de independencia y que las actividades de inteligencia en Estados Unidos están sometidas a un control judicial suficiente a posteriori.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el TFUE reconocen el derecho a la protección de datos personales, lo que fundamenta la regulación de las transferencias internacionales de dichos datos. En virtud de las decisiones de adecuación de la Comisión Europea, estas transferencias pueden realizarse hacia países que garanticen un nivel de protección equivalente al de la Unión. Tras el Decreto Presidencial de 2022 y el reglamento del Fiscal General estadounidense, la Comisión adoptó en 2023 una nueva decisión de adecuación que establece un marco transatlántico de flujo de datos personales con Estados Unidos.
En este contexto, un francés interpuso un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de dicha decisión. Adujo que el Data Protection Review Court carecía de independencia e imparcialidad por su vinculación con el poder ejecutivo, y que las prácticas de recopilación masiva de datos por parte de agencias de inteligencia estadounidenses no estaban reguladas con la claridad y precisión necesarias, al no contar con autorización judicial o administrativa independiente previa.
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