Probidad pública
Proyecto de ley busca someter a régimen de probidad a funcionarios de arsenales militares y policiales
Apunta a prevenir desvío de armas hacia el crimen organizado. Modifica la Ley Nº 20.880 sobre probidad en la función pública. Incluye como sujetos obligados a funcionarios de arsenales de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, DGAC y PDI. Busca reforzar la transparencia y fiscalización en el manejo de armamento estatal.
La moción, contenida en el Boletín Nº 17.931-06, propone modificar la Ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, con el fin de incorporar a los funcionarios que trabajan en los depósitos de armas del Estado.
El proyecto expone que el crimen organizado ha logrado permear diversas instituciones públicas mediante sobornos y otras formas de corrupción, facilitando la sustracción y venta ilícita de armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras entidades. Investigaciones periodísticas y judiciales han revelado múltiples casos de robo, desaparición y comercialización de armamento institucional, así como la participación de funcionarios en redes criminales.
La iniciativa sostiene que, si bien el decreto ley Nº 400 regula el registro y trazabilidad de armas institucionales, no existe una norma específica que someta a quienes administran los depósitos de armas al régimen de probidad pública, pese a su rol crítico en el resguardo de material bélico y evidencias sometidas a control judicial.
El texto propone modificar la Ley Nº 20.880 para incorporar como sujetos obligados a los funcionarios que cumplen labores directas en arsenales de guerra, el Depósito Central de Armas de Carabineros de Chile y los depósitos de armas de Gendarmería, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones.
La enmienda busca reforzar las obligaciones de probidad, prevenir conflictos de intereses y reducir la vulnerabilidad institucional frente al crimen organizado.
Asimismo, actualiza el artículo 5° de la ley para incluir el nuevo numeral 16 dentro del catálogo de autoridades y funcionarios sujetos al deber de presentar declaraciones de intereses y patrimonio, ampliando las herramientas de transparencia y fiscalización.
La moción apunta a fortalecer el resguardo del armamento estatal, prevenir desvíos hacia organizaciones criminales y asegurar un control más estricto sobre quienes desempeñan funciones sensibles dentro del sistema de seguridad pública.
El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio e informe a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea texto moción Boletín Nº 17.931-06 y siga su tramitación aquí.
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