Diario Constitucional

Desarrollo regional

Proyecto de ley busca fortalecer empleo local en regiones mineras

La iniciativa busca que las empresas titulares de concesiones mineras mantengan en la región donde explotan yacimientos un centro de comando y operación remota con capacidad operativa permanente, con al menos 50 % de su dotación integrada por trabajadores residentes en esa región

Por Redacción·26 de diciembre de 2025·2 min de lectura
Imagen: .aia.cl
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La moción, de autoría del diputado José Miguel Castro, que cuenta con el patrocinio de las diputadas Yovana Ahumada, Sofía Cid, Ximena Ossandón y Marcela Riquelme, junto a los diputados Jaime Araya, Andrés Celis y Jaime Mulet, busca fortalecer la justicia territorial y el empleo en las regiones mineras, mediante la exigencia legal de que las empresas mantengan en la misma región del yacimiento un centro de comando y operación remota con capacidad operativa permanente, cuya dotación cuente con al menos la mitad de trabajadores residentes en la región donde se explota el recurso.

Exponen que las regiones mineras asumen los impactos operativos, ambientales, urbanos y sociales de la actividad extractiva, sin que necesariamente se radiquen en ellas los empleos de mayor calificación ni los procesos de toma de decisiones estratégicas, los que suelen concentrarse en otras zonas del país.

En ese contexto, el proyecto establece que las empresas titulares de concesiones, permisos o contratos habilitantes para explotar un yacimiento deberán radicar en la región respectiva un centro de comando y operación remota con capacidad operativa permanente para dicho proyecto minero.

Asimismo, dispone que el personal que desempeñe funciones en dicho centro deberá estar integrado, a lo menos, por un 50 % de trabajadores con residencia en la propia región productora, con el objetivo de resguardar el empleo local calificado y fomentar el desarrollo territorial.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la iniciativa califica su incumplimiento como infracción grave, sancionable con multas que fluctúan entre 100 y 1000 UTM por cada mes en que persista la infracción, sin perjuicio de las demás responsabilidades que establezca la normativa vigente.

El proyecto contempla, además, que las disposiciones propuestas entren en vigencia dieciocho meses después de la publicación de la ley, otorgando un plazo de adecuación a las empresas afectadas.

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Vea texto moción Boletín N° 17.990-08 y siga su tramitación aquí.

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