Corte Suprema fija límites al cobro de cláusula penal en contratos de leasing y refuerza la fuerza obligatoria del contrato

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por Inversiones El Roble en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había revocado la sentencia de primera instancia que rechazó el cobro de la cláusula penal contenida en un contrato de arrendamiento con opción de compra (leasing) celebrado con el Banco del Estado de Chile.

El conflicto se originó a partir de una demanda interpuesta por la entidad bancaria ante el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, mediante la cual solicitó la terminación del contrato de leasing por no pago de rentas, la restitución de los bienes arrendados y el pago tanto de las rentas adeudadas como de las rentas futuras a título de cláusula penal. El tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda, ordenando la restitución de los bienes y el pago de las rentas vencidas, pero rechazó el cobro de la cláusula penal, al estimar que carecía de causa una vez extinguido el contrato y restituido el bien.

Apelada dicha decisión, la Corte de Santiago revocó el fallo en ese punto y declaró que la demandada debía pagar, a título de cláusula penal, la totalidad de las rentas pendientes de vencimiento a la época de interposición de la demanda, correspondientes a veintitrés mensualidades.

En contra de este último pronunciamiento, Inversiones El Roble interpuso recurso de casación en el fondo, alegando que la sentencia impugnada infringió diversas normas del Código Civil, al dar aplicación a una cláusula penal que carecería de causa lícita, desde que la opción de compra contemplada en el contrato de leasing tenía carácter meramente facultativo y había sido expresamente desestimada por la arrendataria, lo que —a su juicio— hacía improcedente el cobro de rentas futuras una vez restituido el bien. Sostuvo, además, que la cláusula penal importaba un enriquecimiento sin causa y configuraba una penalidad desproporcionada y abusiva, vulnerando los principios de buena fe, equivalencia de las prestaciones y fuerza obligatoria del contrato.

La Corte Suprema inició su análisis examinando el contenido y alcance de la cláusula en disputa del contrato de arrendamiento con opción de compra, advirtiendo que dicha estipulación confería al arrendador una facultad de carácter alternativo frente al incumplimiento del arrendatario. En efecto, el contrato preveía dos mecanismos distintos y autónomos: por un lado, la posibilidad de poner término al contrato y exigir la restitución inmediata de los bienes, junto con el pago de una penalidad; y, por otro, la opción de mantener vigente la relación contractual y demandar el pago inmediato de todas las rentas vencidas y de aquellas pendientes hasta el término natural del contrato. Destacó que la redacción de la cláusula, al emplear expresiones inequívocas que remiten a una elección entre alternativas, impedía entender que ambas vías pudieran ejercerse de manera concurrente.