Tiempos de crisis: el derecho como último límite al poder, por Claudio Nash Rojas

Una mirada histórica nos recuerda que hemos atravesado momentos tan graves o peores que el actual: los totalitarismos de los años 1930, con el ascenso del fascismo y nazismo, el colapso democrático en Europa y el fracaso de la Sociedad de Naciones; el caos de las guerras mundiales entre 1914 y 1945, con genocidios y ausencia total de límites internacionales; o las dictaduras respaldadas por superpotencias durante la Guerra Fría. Estos regímenes erosionaron el Estado de derecho a niveles extremos, con suspensiones constitucionales y control totalitario.

De esas crisis surgieron las mayores conquistas del Estado de derecho moderno: la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la prohibición de la agresión y mecanismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, fortalecida post-dictaduras). Estas conquistas representan tiempos de construcción de institucionalidad para la protección nacional e internacional de los derechos humanos. No fueron concesiones gratuitas; nacieron de la resistencia ciudadana, la reflexión colectiva y la voluntad de limitar el poder arbitrario. Hoy, ante una multipolaridad desregulada y 25 años de degradación autoritaria, el desafío no es inédito: es una invitación a extraer esas lecciones y actualizarlas, no a declarar la derrota.

El Estado de Derecho ha sido, a lo largo de la historia, la respuesta más consistente y eficaz frente al poder concentrado y arbitrario. Su progresiva apertura al ámbito internacional ha ampliado y perfeccionado los mecanismos de protección contra abusos tanto nacionales como transnacionales. Sin embargo, esta misma conquista institucional -que parecía consolidada tras las lecciones del siglo XX- enfrenta hoy una regresión preocupante en diversas regiones del mundo.

Entre los ejemplos más representativos de esta dinámica actual se encuentran:

El Salvador bajo Bukele: régimen de excepción prolongado desde 2022, con detenciones masivas (más de 80.000 personas), suspensión de garantías y control sobre el poder judicial, pese a la alta aprobación popular por la reducción de la violencia.

Hungría con Orbán: packing judicial, control de medios y erosión de checks and balances, que ha dado paso a una verdadera “autocracia electoral”.

India bajo Modi: leyes que restringen libertades (ej. ciudadanía, protestas), con declive en el Estado de Derecho según informes internacionales.

EE.UU. bajo Trump: amenazas internas con base en una política migratoria abusiva y violenta; y acciones internacionales al margen del Derecho Internacional (agresión armada en Venezuela, amenazas de anexión de Groenlandia, amenazas a Cuba, Colombia y México, entre otros).

El rol de la sociedad civil y el uso del Derecho de los Derechos Humanos

En este contexto de regresión, la denuncia internacional y el uso estratégico de los mecanismos de protección de derechos humanos constituyen herramientas indispensables. La activación de procedimientos ante órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional o los relatores especiales permite visibilizar violaciones sistemáticas, generar presión política sobre los Estados responsables y, en muchos casos, obtener medidas de protección concretas para las víctimas.

Más allá de su dimensión reactiva, estos mecanismos adquieren especial relevancia cuando se emplean de manera estratégica: combinando acciones simultáneas a nivel interno (litigios constitucionales, recursos de amparo, demandas colectivas) con intervenciones internacionales, se crea un efecto de amplificación que dificulta la impunidad y fortalece la legitimidad de las demandas ciudadanas. Esta articulación entre lo nacional y lo supranacional no solo preserva espacios de resistencia, sino que contribuye de manera decisiva a la reconstrucción progresiva del Estado de derecho en contextos de regresión autoritaria.

Por último, siempre se debe tener presente que son los pueblos quienes, en última instancia, garantizan su propia libertad. Hoy cuentan con mejores herramientas que en el pasado: redes sociales para movilización global, ONGs transnacionales, cortes internacionales (CPI, CIDH), monitoreo ciudadano y precedentes de reversión (como Polonia post-2023 o Brasil en “reconstrucción” democrática). Por eso urge preservarlas y profundizarlas: fortalecer independencia judicial, libertad de prensa y educación en derechos humanos.

En estos tiempos de incertidumbre es necesario reafirmar que no asistimos al ocaso del Derecho, sino a una nueva etapa de su necesaria defensa y actualización. La historia demuestra que los momentos de mayor crisis han sido también los de mayores avances institucionales. La tarea que nos corresponde hoy es precisamente esa: resistir la tentación del poder sin límites, preservar las herramientas existentes -incluyendo el uso estratégico de los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional-, y contribuir, desde la región latinoamericana, a la construcción de un orden multipolar que no renuncie al Estado de Derecho ni a la dignidad humana como principios rectores.

Claudio Nash Rojas es abogado y doctor en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es académico de la Universidad de Chile, consultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y coordina el Grupo de Estudios sobre Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional de la Fundación Konrad Adenauer.