Debate por iniciativa sobre feminicidio en México
Contraborrado Chile difunde declaración de feministas mexicanas que cuestiona iniciativa sobre feminicidio de Claudia Sheinbaum
Contraborrado Chile, organización feminista abolicionista, difundió, con autorización de la Alianza de Redes Feministas Nacionales de México, una declaración en la que agrupaciones feministas mexicanas manifiestan su rechazo a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y…
Contraborrado Chile, organización feminista abolicionista, difundió, con autorización de la Alianza de Redes Feministas Nacionales de México, una declaración en la que agrupaciones feministas mexicanas manifiestan su rechazo a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El cuestionamiento se concentra especialmente en la definición de “mujer” incluida, según el documento, en el artículo 6, fracción VIII, de la iniciativa, que señala: “Toda persona que se identifique como mujer”.
Las organizaciones sostienen que esa formulación reduce la existencia de las mujeres a una “autopercepción” y elimina, a su juicio, la categoría de sexo como fundamento de la protección jurídica establecida frente al feminicidio. En ese contexto, califican las consecuencias de la propuesta como un “feminicidio simbólico”.
Según la declaración, la terminología utilizada en la iniciativa “vacía de sentido el bien jurídico, elimina el sujeto protegido (las mujeres) y modifica el tipo penal”.
Las feministas mexicanas argumentan que no resulta necesaria una nueva legislación sobre esta materia, pues señalan que el feminicidio ya se encuentra regulado en el país como el asesinato de mujeres y que existen protocolos destinados a su investigación.
A juicio de las firmantes, el problema radicaría principalmente en la falta de una aplicación efectiva de las herramientas existentes y en las dificultades para garantizar que estos delitos sean investigados y sancionados. Por ello, demandan un acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas y para sus hijas, hijos, madres y padres.
La declaración también cuestiona los efectos que, según las organizaciones, tendría la propuesta sobre los avances alcanzados desde que el feminicidio fue tipificado en México en 2012.
En ese sentido, sostienen que la iniciativa afectaría el desarrollo conceptual y jurídico sobre el cual se ha construido la figura del feminicidio y advierten que desconocer la discriminación, el sometimiento y la violencia que experimentan las mujeres por razón de su sexo constituiría un retroceso para sus derechos.
Respecto de la definición cuestionada, las organizaciones sostienen que la categoría de mujer corresponde al sexo femenino y que las diferencias raciales, étnicas, fenotípicas u otras condiciones no modificarían esa realidad. Desde esa perspectiva, afirman que todas las mujeres experimentan, aunque en diferente grado, situaciones de discriminación, sometimiento o violencia.
Las firmantes sostienen además que la definición propuesta podría llevar a que el feminicidio abarque homicidios cuyas víctimas no sean exclusivamente mujeres en razón de su sexo, lo que, según su postura, alteraría la finalidad originalmente perseguida por esta figura penal.
Asimismo, advierten que una modificación de estas características podría repercutir sobre las estadísticas relacionadas con las víctimas de feminicidio y dificultar la identificación de quienes efectivamente sufren esta forma específica de violencia.
La declaración relaciona esta discusión con otros ámbitos de las políticas públicas. Como ejemplo, menciona los procesos electorales federales y estatales y sostiene que se han producido controversias relacionadas con personas de sexo masculino que se registran como mujeres para acceder a espacios reservados mediante las normas de paridad.
Las organizaciones consideran que las reivindicaciones de otros grupos que enfrentan discriminación no deberían ser incorporadas mediante modificaciones que, a su juicio, debiliten categorías jurídicas creadas específicamente para proteger los derechos de las mujeres.
También advierten que una eventual aprobación de la iniciativa podría repercutir sobre otros instrumentos y mecanismos jurídicos destinados a enfrentar problemáticas que afectan específicamente a las mujeres.
Frente a este escenario, las organizaciones plantean una serie de demandas. En primer término, solicitan que se respete la legislación actualmente existente en materia de feminicidio.
Asimismo, reclaman que se destinen recursos y presupuesto suficientes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para garantizar la reparación del daño a las víctimas de feminicidio y a sus hijas e hijos.
También proponen establecer mesas permanentes de trabajo y mecanismos de colaboración y cooperación interinstitucional entre organizaciones feministas, universidades, sindicatos e instituciones especializadas en violencia contra las mujeres y feminicidios.
Junto con ello, solicitan que cualquier futura propuesta destinada a modificar leyes relacionadas con las mujeres sea discutida con organizaciones de mujeres y feministas mexicanas mediante procedimientos que, sostienen, deben ser rigurosos, transparentes y democráticos.
Finalmente, las organizaciones llaman a senadores, diputados, partidos políticos y organizaciones sociales a rechazar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio promovida por la Presidencia de México y convocan a las mujeres mexicanas a manifestarse en defensa de sus derechos.
La declaración concluye con consignas críticas hacia la iniciativa y el Gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas “¡Claudia: no llegamos todas!” y “¡Desde la presidencia nos quieren borrar a todas!”.
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