¿Puede un Estado desigual extender el castigo penal a la niñez y la adolescencia?, por Gustavo Beade

Esto nos lleva a una cuestión más profunda: ¿puede el Estado castigar (ahora más) a esos adolescentes? ¿Tiene el Estado un estatus moral para castigar? Castigar no es simplemente ejercer poder; es ejercer una autoridad que debe estar justificada. Una corrientede la filosofía contemporánea del castigo sostiene que quien reprueba y sanciona debe encontrarse en una posición moral adecuada para hacerlo.. No se trata solo de que el delito haya ocurrido, sino de que quien responde a él no esté, a su vez, en falta respecto de aquellos a quienes pretende sancionar. En este sentido, la situación es problemática en toda la región. Un Estado que incumple de manera sistemática sus obligaciones hacia niños, niñas y adolescentes —que no garantiza condiciones básicas para el desarrollo de su autonomía— ve erosionada su autoridad moral para castigarlos. La cuestión no es si esos adolescentes son responsables por sus actos, sino si el Estado está en condiciones de reprocharles esos actos sin incurrir en una forma de inconsistencia o, incluso, de hipocresía ¿Cuáles son las razones para que el Estado esté en condiciones de imponer un castigo con fines reeducadores y resocializadores si ha fallado en esta misión previamente? Es más, podría decir que estos delitos son una consecuencia de esa falla. El Estado, directamente, crea condiciones criminógenas que empujan a estos adolescentes al camino del delito. La precariedad laboral de las familias, el deterioro de la educación y la salud públicas y las dificultades para acceder a una vivienda digna son algunas de estas condiciones.

La aprobación de la ley vuelve más urgente esta pregunta. ¿Puede un Estado que ha fallado en proveer derechos fundamentales presentarse luego, por primera vez en la vida de muchos de estos jóvenes, bajo la forma del castigo penal? ¿No hay allí una tensión difícil de justificar? Más aún, en el contexto de una política que busca reducir la intervención estatal en ámbitos sociales clave, el contraste es aún más marcado: un Estado que se retrae en la provisión de derechos, pero que se expande —o al menos no se limita— en el uso del poder punitivo. Esto sugiere una forma de selectividad preocupante: menos Estado en materia de derechos y más Estado en materia de castigo; un Estado mínimo en lo social, pero robusto en lo penal. Esta asimetría no solo plantea problemas de eficacia, sino, sobre todo, de legitimidad.

En definitiva, la aprobación de la ley no debería cerrar el debate, sino abrirlo. No se trata únicamente de evaluar si castigar desde una edad más temprana reduce el delito, sino de preguntarnos bajo qué condiciones ese castigo es moralmente justificable. Mientras persistan niveles profundos de desigualdad estructural —aquella que no depende de las decisiones de los propios individuos, sino de contextos que los preceden y condicionan—, el recurso al castigo penal, especialmente respecto de adolescentes, seguirá siendo una respuesta insuficiente y, en muchos casos, injusta. Si el objetivo es construir una sociedad más segura y más justa, el camino difícil —pero necesario— no pasa por ampliar el alcance del castigo, sino por fortalecer las condiciones que hacen posible que menos jóvenes lleguen al sistema penal. Sin embargo, esa no parece ser, al menos por ahora, la dirección elegida: menos derechos, más castigo.

Gustavo Beade es académico de Derecho Penal de la Universidad Austral de Chile.