Hasta cinco años de cárcel y multas de 30 UTM por desobedecer órdenes de alejamiento de víctimas de violencia intrafamiliar propone proyecto de ley

El proyecto de ley, presentado por las parlamentarias Chiara Barchiesi, Sara Concha, Flor Contreras, Claudia Mora, Francesca Muñoz (A) y Eileen Urqueta, junto con el diputado Tomás Kast, plantea modificar el Código de Procedimiento Civil y tres leyes relacionadas con la prevención, sanción y protección frente a la violencia intrafamiliar.

La propuesta busca fortalecer la eficacia de las resoluciones judiciales destinadas a resguardar la vida y la integridad física y psicológica de las víctimas, estableciendo una sanción específica y más severa para quienes desobedezcan las restricciones impuestas por los tribunales.

Entre sus fundamentos, los autores advierten que la violencia intrafamiliar y de género continúa representando un problema de especial gravedad en el país, tanto por sus consecuencias para las víctimas como por las dificultades para garantizar su protección efectiva.

Los autores citan cifras que evidencian la gravedad de la violencia contra las mujeres: durante 2025 se registraron 44 femicidios consumados y 330 frustrados, mientras que la V Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres de 2024 reveló que el 33,4% había sufrido violencia a lo largo de su vida y el 20,3% durante el último año. Asimismo, el Informe Anual de Femicidios 2024 señala que el 97% de estos delitos fue cometido por personas con vínculos íntimos de pareja con las víctimas y que el 32% de los femicidios consumados y el 47% de los frustrados ocurrieron en el domicilio común. Estos antecedentes, sostienen, refuerzan la necesidad de contar con medidas judiciales eficaces para prevenir nuevas agresiones.

En este ámbito, destacan la función protectora que cumplen los tribunales de familia, conforme a la Ley N°19.968, que creó dichos tribunales, y la Ley N°20.066, sobre Violencia Intrafamiliar. En particular, recuerdan que el artículo 92 de la Ley N°19.968 permite adoptar medidas cautelares destinadas a proteger a las víctimas, entre ellas la prohibición de acercamiento del agresor, su salida del hogar común y la restricción de concurrir a determinados lugares frecuentados por la persona afectada. Estas decisiones buscan impedir nuevos episodios de violencia y reducir los riesgos que enfrentan las víctimas mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Sin embargo, los impulsores del proyecto consideran que la respuesta penal frente al incumplimiento de estas órdenes resulta insuficiente, debido a que actualmente se aplica el régimen general del delito de desacato contemplado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Explican que el artículo 10 de la Ley N°20.066, el inciso sexto del artículo 50 de la Ley N°21.675, sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, y el artículo 94 de la Ley N°19.968 remiten al inciso segundo de dicha disposición.