TC divide posiciones sobre la apelación de clausuras de locales que venden alcohol

Exponen que la controversia surgió por la clausura de un establecimiento comercial ordenada por el delegado presidencial provincial de El Loa. El Juzgado de Policía Local de Calama rechazó el reclamo de la empresa y mantuvo la medida, por lo que esta intentó apelar y, ante la negativa, interpuso un recurso de hecho ante la Corte de Antofagasta, donde se originó el requerimiento.

Indican que la sociedad alegó que la regla de única instancia vulneraba el debido proceso, el derecho al recurso y la igualdad ante la ley, además de garantías reconocidas en tratados internacionales. Sostuvo que la clausura constituía una sanción estatal que debía estar sujeta a revisión por un tribunal superior y cuestionó la diferencia con el artículo 49 de la misma ley, que sí permite apelar. También controvirtió los hechos y las pruebas que fundamentaron la medida, especialmente si la riña ocurrió dentro o fuera del local, si este se encontraba cerrado y si existía relación entre el incidente y su funcionamiento.

Las ministras señalaron que el derecho a recurrir una resolución judicial no implica necesariamente el derecho a interponer una apelación ni garantiza una doble instancia en todos los procedimientos. Explicaron que corresponde al legislador definir los mecanismos de impugnación según las características de cada juicio, pudiendo establecer restricciones o procedimientos de única instancia, siempre que se respeten las demás garantías del debido proceso.

Sostuvieron que, aun cuando las sanciones administrativas puedan estar sujetas a garantías propias del ámbito penal, ello no exige necesariamente una segunda instancia judicial. Recordaron que la jurisprudencia interamericana reconoce el derecho a una revisión integral para las personas condenadas penalmente, pero precisaron que esa garantía no era aplicable al caso, pues se trataba de una clausura administrativa y no de una condena penal.

Enseguida señalan que el procedimiento del artículo 50 permite al afectado reclamar judicialmente contra la clausura administrativa dentro de diez días, mediante un proceso que contempla audiencia, presentación de pruebas y una sentencia fundada del juez de policía local. Estimaron que esta instancia garantiza el control de legalidad de la decisión administrativa y constituye un recurso judicial efectivo, conforme al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, sostuvieron que la regla de única instancia no elimina la revisión judicial, sino que establece que esta concluya con la sentencia del juez, en concordancia con otros procedimientos de control de la Administración.

Las ministras estimaron que la clausura busca proteger el orden público frente a hechos delictivos graves o situaciones de peligro en establecimientos que venden alcohol, por lo que consideraron justificado un procedimiento breve y de única instancia. Añadieron que la seguridad jurídica exige que los procesos concluyan y que cualquier modificación del sistema de recursos corresponde al legislador, no al Tribunal Constitucional mediante una sentencia de inaplicabilidad.

Concluyeron que la empresa pudo ejercer efectivamente su derecho a defensa ante el Juzgado de Policía Local de Calama, presentar y controvertir pruebas y obtener una sentencia fundada sobre el fondo de su reclamación. Por ello, descartaron que hubiera existido indefensión y precisaron que la falta de apelación no exime al juez de valorar los antecedentes conforme a la sana crítica ni de fundamentar su decisión conforme al derecho.

A su juicio, los cuestionamientos de la empresa se referían principalmente a la determinación de los hechos y a la valoración de las pruebas sobre la riña y su relación con el establecimiento. Estimaron que estas materias corresponden al tribunal competente y no pueden revisarse mediante una acción de inaplicabilidad.

Las magistradas sostuvieron que la acción de inaplicabilidad no permite revisar los hechos ni sustituir los recursos legales, y descartaron una vulneración de la igualdad, pues la regla de única instancia se aplica tanto a la empresa como a la autoridad administrativa. Añadieron que los artículos 49 y 50 regulan procedimientos distintos: uno permite apelar la clausura judicial definitiva y el otro contempla una reclamación contra una clausura administrativa previa. Por ello, concluyeron que la empresa contó con una revisión judicial efectiva y que la Constitución no garantiza la apelación en todos los procedimientos. En consecuencia, estuvieron por rechazar el requerimiento, al considerar que la regla impugnada constituye una opción legislativa compatible con el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°16.828-25-INA y expediente.