Acción protección rechazada
Corte Suprema valida procedimiento del Ministerio de Educación para determinar pérdida de calidad de alumno prioritario
Sostuvo que la determinación anual de alumnos prioritarios se rige por criterios objetivos fijados en la ley y su reglamento, sin exigir una fundamentación individualizada caso a caso, tratándose de un acto administrativo de alcance general.
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia y rechazó el recurso de protección deducido por una apoderada en contra del Ministerio de Educación por la revocación de la calidad de alumno prioritario de su hijo para el año escolar 2026, en el marco del procedimiento regulado por la Ley N° 20.248 sobre subvención escolar preferencial.
El conflicto se originó luego de que el Ministerio de Educación determinara, mediante resolución exenta publicada en el Diario Oficial, la nómina de estudiantes que perdían los requisitos que otorgan la calidad de alumno prioritario para el año 2026, decisión que fue cuestionada por estimarse carente de fundamentación específica respecto de la situación particular del estudiante afectado.
La recurrente sostuvo que la decisión administrativa resultaba ilegal y arbitraria, al privar a su hijo de la calidad de alumno prioritario sin una notificación adecuada ni una fundamentación específica que explicara el cambio en su situación socioeconómica respecto del año anterior. Afirmó que la medida vulneraba las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a la educación, en la medida en que se adoptó sin considerar las circunstancias particulares del estudiante ni permitirle ejercer oportunamente los mecanismos de reclamación previstos en la normativa vigente. Añadió que la pérdida de dicha calidad generaba consecuencias graves en su proceso educativo, al obligarla a evaluar un eventual cambio de establecimiento en su último año de enseñanza media, dadas las limitaciones económicas de su grupo familiar.
Por su parte, el Ministerio de Educación solicitó el rechazo de la acción, señalando que la determinación de la calidad de alumno prioritario se realiza anualmente conforme a los criterios objetivos establecidos en la Ley N° 20.248 y su reglamento, a partir de información proporcionada por organismos competentes. Explicó que, en el caso concreto, el estudiante no cumplía con los requisitos legales exigidos para el año escolar 2026, según los antecedentes socioeconómicos remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Agregó que la decisión fue debidamente comunicada mediante los canales previstos en la normativa, incluyendo su publicación en el Diario Oficial y en plataformas institucionales, y que existía un procedimiento administrativo específico para impugnarla, el cual no fue utilizado, por lo que descartó la concurrencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de protección, estimando que la resolución administrativa impugnada carecía de una fundamentación suficiente respecto de la situación particular del estudiante afectado, limitándose a exponer consideraciones de carácter general sin explicar de qué manera se habría producido el cambio en el cumplimiento de los requisitos legales que hasta el año anterior sí se verificaban. El tribunal consideró que dicha omisión configuraba un incumplimiento del deber de motivación establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, atendidas además las consecuencias relevantes que la pérdida de la calidad de alumno prioritario implicaba para el derecho a la educación del adolescente y su interés superior, por lo que dejó sin efecto la resolución exenta en lo que a éste respecta, manteniendo su calidad de alumno prioritario para el año escolar 2026.
En contra de la sentencia de primer grado, la parte recurrida interpuso recurso de apelación.
El máximo Tribunal, tras revisar los antecedentes de hecho, de derecho y las normas relevantes, se detuvo en el marco normativo que regula la subvención escolar preferencial, poniendo de relieve que la Ley N° 20.248 y su reglamento establecen un sistema cerrado de criterios para la determinación anual de la calidad de alumno prioritario. Explicó que dicha calificación se vincula directamente con la situación socioeconómica del hogar del estudiante y se define a partir de parámetros objetivos expresamente previstos por el legislador, tales como la pertenencia a determinados sistemas de protección social, la caracterización socioeconómica vigente, la clasificación en el sistema de salud o la condición de sujeto de atención de organismos especializados, entre otros supuestos legales.
En ese contexto, la Corte Suprema razonó que tanto la determinación como la pérdida de la calidad de alumno prioritario obedecen a un proceso periódico de evaluación que se realiza respecto del universo nacional de estudiantes, sobre la base de información técnica y objetiva proporcionada por organismos competentes. Precisó que el Ministerio de Educación no crea ni modifica discrecionalmente dicha calidad, sino que cumple una función esencialmente declarativa, limitada a constatar si en una anualidad determinada concurren o no los presupuestos legales que habilitan el acceso a la subvención, conforme a datos externos que escapan a su ámbito decisorio.
Asimismo, el máximo Tribunal destacó que el carácter masivo y general del procedimiento justifica que la normativa contemple mecanismos de comunicación y fundamentación acordes a esa naturaleza, sin exigir un desarrollo individualizado de la situación de cada alumno. En particular, sostuvo que la motivación del acto administrativo se satisface mediante la exposición de los criterios legales aplicados y la publicación de la nómina respectiva, la cual individualiza a los estudiantes afectados y resguarda la confidencialidad de sus antecedentes personales, conforme a las reglas de protección de datos vigentes.
Finalmente, la Corte Suprema concluyó que, atendida la estructura normativa del sistema y la forma en que se adopta la decisión administrativa, no puede exigirse a la autoridad educacional una fundamentación caso a caso en términos equivalentes a un procedimiento singular. En tal sentido, razonó que la resolución cuestionada cumplía con las exigencias de motivación previstas en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, desde que se sustentaba en parámetros legales objetivos y en antecedentes suficientes para descartar que la decisión obedeciera a un ejercicio arbitrario del poder público.
En mérito de lo expuesto, el máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada y rechazó el recurso de protección.
Vea sentencia Corte Suprema Rol N°38444-2025 y Corte de Valdivia Rol N°623-2025 (Protección).
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