CS acogió protección contra Servicio de Salud Ñuble y hospitales públicos por descontar remuneraciones a funcionarios que adhirieron a paro.

La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por asociaciones de funcionarios de la salud contra el Servicio de Salud Ñuble, del Hospital Herminda Martin de Chillán y del Hospital Pedro Morales de Yungay, por aplicarles descuentos a sus remuneraciones en los meses de marzo y abril de 2017 producto de haber adherido al paro del sector público a fines del año 2016.

Los requirentes estimaron que se vulneró la igualdad ante la ley, ya que el hecho que los recurridos hayan realizado el descuento de las remuneraciones de mis representados es de total gravedad puesto que, la facultad para realizar descuentos en las remuneraciones de los funcionarios públicos es una potestad reglada, y está debe ejercerse, no sólo invocando la ley, sino también ajustándose a ella, pues no ha existido previamente ni una investigación sumaria o sumarios administrativos conforme al procedimiento reglado. Asimismo, consideran que se vulneró el derecho de propiedad, ya que se han realizado descuentos de parte de las remuneraciones de mis representados y todos sus afiliados, a modo de castigo por haber participado en las manifestaciones convocadas por los 14 gremios del sector público a fines del año 2016.

En su sentencia, el máximo Tribunal expuso que la situación fáctica que sirvió de sustento para disponer los descuentos reclamados no se encuadra en la hipótesis que prevé el artículo 72 del Estatuto Administrativo. En efecto, las circunstancias que motivaron la medida cuestionada no se circunscriben al incumplimiento de la obligación de los recurrentes de asistir a su jornada de trabajo, sino a la paralización de actividades con ocasión de la discusión del proyecto de ley de reajuste de emolumentos para el sector público del país, hechos que responden a una situación de anormalidad en los servicios prestados por trabajadores públicos. Así, si bien no era necesaria la tramitación de una investigación sumaria o sumario administrativo, sí era menester que se realizara un procedimiento destinado a establecer debidamente la inasistencia de cada funcionario involucrado, pero lo que es más importante, la determinación de su exacta identidad, como asimismo, el tiempo no trabajado por aquellos y la falta de justificación, en su caso, por exclusión de alguna de las excepciones legales reglamentadas en el referido artículo 72. Ciertamente, tal finalidad, que contiene un mínimo de objetividad, no alcanza a satisfacerse mediante el simple examen de listas confeccionadas por los jefes de servicio de los funcionarios que no habrían trabajado en las dependencias en que cada uno de los afectados se señalan.