Congresistas peruanos presentan proyecto de ley que sanciona uso de bots para manipular procesos electorales

Un congresista peruano, junto a integrantes del Grupo Parlamentario Ahora Nación, ingresó a trámite legislativo el Proyecto de Ley 00198/2026-2031-CD, denominado “Ley que previene y sanciona las operaciones digitales coordinadas ilícitas denominadas granjas de troll y bots, fortaleciendo la integridad de los procesos electorales”. La iniciativa sostiene que este tipo de maniobras tecnológicas atenta contra la transparencia de las votaciones y vulnera los derechos fundamentales de terceros.

La propuesta legislativa establece sanciones para quien cree, administre, financie, opere o contrate redes digitales automatizadas destinadas a difundir imputaciones falsas sistemáticas o suplantar identidades en contextos comiciales. Para esta figura penal básica, el articulado postula una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años, junto a 120 a 365 días de multa.

El texto legal fija una escala penal agravada de cinco a ocho años de cárcel ante supuestos específicos. Entre estos agravantes figuran el financiamiento con recursos ilícitos electorales, el uso de bienes o fondos públicos, la participación de partidos políticos o funcionarios del Estado, y el empleo de inteligencia artificial o tecnología deepfake para imputar hechos falsos a postulantes o autoridades electorales.

El proyecto contempla reformas disciplinarias en la Ley del Servicio Civil, considerando falta el uso de estas herramientas para alterar la voluntad popular. Asimismo, modifica la Ley de Organizaciones Políticas para tipificar como infracción muy grave el financiamiento u operación de redes inauténticas que busquen dañar la reputación de candidatos

En el plano administrativo y de control, la iniciativa dispone que las agrupaciones políticas informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales todos los gastos en agencias digitales, inteligencia artificial y herramientas automatizadas. Dicha institución, junto al Jurado Nacional de Elecciones, deberá implementar herramientas de fiscalización e investigación para detectar y frenar operaciones digitales clandestinas.

La fundamentación del texto clasifica estas prácticas ilícitas en cuatro ámbitos: alteración del debate público, simulación de consenso político, manipulación mediante contenidos sintéticos y financiamiento opaco. La propuesta recalca la necesidad de resguardar el correcto uso de los recursos estatales, sancionando a cualquier trabajador de la administración pública que intervenga en este tipo de redes coordinadas.

Vea proyecto de ley.