Justicia europea limita uso de marcas registradas en campañas políticas: medida no viola libertad de expresión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el titular de una marca de renombre puede oponerse a que una organización política utilice sus signos distintivos. La controversia se originó tras la difusión de una campaña sobre reformas a la política de asilo e inmigración que empleó gráficos, signos y personajes similares a los manuales de montaje de una conocida empresa.

Ante este hecho, la entidad propietaria de los derechos exclusivos acudió a la justicia denunciando una infracción marcaria, mientras que la organización responsable alegó justa causa bajo el amparo de la libertad de expresión y la sátira política. Frente a la consulta prejudicial remitida por el tribunal local competente, el TJUE precisó que la normativa europea exige aplicar la protección marcaria respetando los derechos fundamentales.

No obstante, aclaró que la sola invocación de la libre manifestación de ideas no basta para tener por acreditada una causa legítima que justifique el uso indebido de signos ajenos. En tal sentido, quien use elementos idénticos o semejantes sin autorización debe demostrar razones concretas que predominen sobre las facultades del titular.

La resolución establece que los jueces nacionales deben realizar una ponderación entre el derecho de propiedad del fabricante y la libertad de expresión del promotor del mensaje, advirtiendo que ninguna de estas prerrogativas es absoluta. Para dicha valoración resulta clave verificar si existió buena fe, analizando si la mención alude a las prácticas, productos o servicios de la compañía, o si por el contrario únicamente busca captar atención para aumentar la repercusión de posturas ajenas al negocio.

Asimismo, el fallo subraya que no resulta admisible imponer a los titulares tolerar utilizaciones que les causen un perjuicio desproporcionado o destruyan la exclusividad de su registro comercial. En esa línea, deben examinarse el alcance, los canales de difusión y el riesgo de hacer creer al público que la firma comparte o respalda posturas políticas que contradicen su política de neutralidad. Con tales parámetros, el tribunal concluyó que el provecho publicitario en este caso no prevalece sobre la marca, dejando la decisión final a la sede local.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.