A propósito de la nueva ley de reorganización y liquidación.

Desde antes del año 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), había advertido sobre la necesidad imperiosa para las economías de agilizar los trámites para crear empresas y para cerrarlas por medio de un procedimiento de insolvencia.

Más allá de las dificultades en la creación de las empresas, el mayor problema de Chile, y del resto del mundo en general, consiste que en promedio uno de cada diez emprendimientos tiene éxito, es decir, un tasa del 10%. En base a esta estadística, parte de la doctrina indica que la dictación de esta ley se basa en un mal pronóstico, ya que sólo 1 de cada 10 empresas prospera, de manera que con las restantes 9 no es posible reorganizar la deuda y se debe proceder derechamente a la liquidación.

La tesis planteada es errónea, ya que si bien se estima que cerca de un 90% de emprendimientos fracasa, muchos de ellos no son sometidos a procedimiento concursal, ya que no necesariamente fracasan por pérdidas que los lleven a un estado de insolvencia, sino que por una multiplicidad de factores como: falta de entendimiento entre los socios, dificultades administrativas no previstas, dificultades de proveedores no previstas, incorrecto o inexistente estudio de mercado, pequeños emprendimientos sin forma de sociedad, entre otros.