Arresto por deudas de compensación económica.

El artículo 66 de la ley 19.947, de Matrimonio Civil, establece que si el deudor no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación económica mediante las modalidades a que se refiere el artículo anterior 65, “el juez podrá dividirlo en cuantas cuotas fuere necesario. Para ello tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en alguna unidad reajustable”. “La cuota respectiva se considerará alimento para efecto de su cumplimiento a menos que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago lo que se declarará en la sentencia”. En muchos casos los tribunales de familia han decretado órdenes de arresto aplicando la citada disposición en cuanto permitiría dicha medida de apremio al estar consagrada por el artículo 14 de la ley Nº 14.908 en caso de no pago de pensiones alimenticias, entendiendo que la frase “la cuota respectiva se considerará alimento para su cumplimiento” implica una analogía legal que habilita para aplicar las mismas medidas de apremio que la ley contempla en caso de incumplimiento del pago de las obligaciones alimenticias.

Desde luego, no cabe duda que en el debate legislativo hubo claridad que tal referencia legal estaba dirigida fundamentalmente a permitir la aplicación del arresto como medio de apremio que si bien no asegura el pago, desincentiva el incumplimiento[1]. Aplicando dicha referencia legal, los tribunales han estimado procedente el arresto en varias oportunidades, a veces sólo citando los preceptos antes referidos e insistiendo haber sido decretado el arresto la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, en los casos previstos por la ley y habiendo mérito para ello[2], otras veces invocando la historia fidedigna de las normas aplicables[3] e incluso en algunos casos agregando que la prohibición de prisión por deudas consagrada en el articulo 7 Nº 7 de la Convención de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, por disposición expresa, deja a salvo “los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios”[4]. En otros casos los tribunales han acogido recursos de amparo contra ordenes de arresto por no pago de la compensación económica, fundados en que el artículo 66 de la ley Nº 19.947 implícitamente reconoce que ésta no constituye una obligación alimenticia[5], que la exclusión que contienen el articulo 7 Nº 7 de la referida Convención Americana de Derechos Humanos constituye una excepción que como tal debe ser interpretada restrictivamente y en modo alguno podría aplicarse a una institución que carece del sentido asistencial y de subsistencia que tiene la obligación alimenticia[6]. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado detalladamente sobre la materia rechazando un requerimiento de inconstitucionalidad[7].

Mi opinión es que resulta inconstitucional decretar orden de arresto por el no pago de una deuda por concepto de compensación económica y la fundo en las siguientes razones: