Con motivo del estreno de la película “No” sobre el plebiscito de 1988, se ha destacado lo sensata que fue la decisión de los sectores de la entonces oposición de reconocer la Constitución de 1980, y bajo sus normas derrotar al gobierno militar. Paradójicamente, algunos de los que fueron parte de esa decisión hoy proponen justamente lo contrario: repudiar ese texto y elegir una Asamblea Constituyente que redacte una Constitución nueva.
Más allá del eslogan, habría que reflexionar sobre lo que significa la propuesta de una Asamblea Constituyente, incluso pensando en que no se incurrirán en las fórmulas populistas de algunos presidentes latinoamericanos.
Una Asamblea Constituyente es siempre a la vez «desconstituyente». Implica un quiebre institucional y una especie de «golpe de Estado»: ciertas personas se arrogan la facultad de dirigir el proceso, sin que actúen bajo norma superior alguna. La Constitución vigente queda de hecho rechazada y puesta en sordina: no hay ni Presidente ni Congreso que tengan atribuciones regladas. ¿Quiénes fijan entonces las reglas de cuándo y cómo se integra la Asamblea encargada de aprobar la nueva Constitución? ¿Bajo qué sistema electoral se elegirán los representantes en la Asamblea? ¿Qué facultades tendrán sus miembros? ¿Qué quórum se necesitará para que sesione válidamente y se adopten sus acuerdos? ¿Qué plazo se dará a la Asamblea? ¿Qué mecanismos habrá para asegurar que lo que se apruebe sea representativo del sentir de la población?
Todo esto, indefectiblemente, pasa a ser determinado por las autoridades que de hecho han tomado el poder. Este gobierno puede ser descrito, en términos políticos clásicos, como una dictadura: un gobierno que se impone fácticamente para lograr una refundación de la república. Nueva paradoja: los que derrotaron la dictadura militar, proponen ahora regresar a otra con incierto destino.
Tampoco se ha discurrido cuáles serían los beneficios de apoyar este quiebre institucional. Se piensa que por obra de magia el texto resultante será compartido por todos los chilenos. Pero nada lo asegura. Lo más probable es que también sea denostado por un sector de ciudadanos cuyas ideas no sean recogidas en la nueva Carta. Surgirán nuevamente críticas al origen ilegítimo de un documento elaborado por estructuras irregulares basadas en el poder y no en el Derecho.
Lograr una Constitución que logre la adhesión del grueso de la población y de los actores políticos es más bien una tarea de largo plazo y que se consigue mejor por la adaptación de un texto de extensa trayectoria temporal que por un cambio abrupto de uno por otro. En este sentido, el mismo recorrido de la Constitución de 1980, la reforma convenida de 1989, el plebiscito de ese año (cuya corrección nadie pone en duda), las numerosísimas reformas que el Congreso ha hecho del texto desde 1990, y en especial la liderada por el ex Presidente Lagos en 2005, son factores que llevan a pensar que la conservación de esa Carta y su reforma mediante los mecanismos previstos en ella, son la forma más adecuada de avanzar hacia una institucionalidad constitucional consensuada y representativa.
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