Reforma de la estructura estatal
El proceso constituyente y la organización del poder
A partir de la reflexión constitucional que se ha generado con el proceso constituyente, se logra identificar que la actual Carta Fundamental que reconoce derechos y organiza el poder, no es suficiente para afrontar los desafíos que impone la sociedad chilena.
Una Constitución generalmente se compone de una parte dogmática y otra orgánica. La primera dice relación con la declaración de derechos y la segunda se refiere a la organización del poder y el establecimiento de las instituciones del Estado. La Constitución chilena y su modelo económico -unido al rol subsidiario del Estado- ha generado un malestar social que se puede redireccionar hacia ambas partes de la Constitución. Por un lado, las carencias que presenta la parte dogmática en materia de derechos sociales permiten el abuso en diversos ámbitos -laborales, educacionales, salud, seguridad social, etc-.
Y por otro, las deficiencias estructurales de la parte orgánica de la Constitución materializan un poder político que no ha sido capaz de representar fielmente a la ciudadanía ni de responder de manera efectiva a sus demandas. En esta columna pretendo dar una advertencia sobre dónde debieran estar concentradas las fuerzas políticas, la academia constitucional, y la ciudadanía en general, durante el proceso constituyente en el que estamos inmersos. Estas, deben centrarse en dar una adecuada respuesta al problema del poder, de lo contrario, es decir, si la discusión sobre la orgánica del poder es soslayada a un segundo plano, estaremos en serios problemas[1].
A partir de la reflexión constitucional que se ha generado con el proceso constituyente, se logra identificar que la actual Carta Fundamental que reconoce derechos y organiza el poder, no es suficiente para afrontar los desafíos que impone la sociedad chilena. Se puede advertir que la mayoría de las peticiones ciudadanas se concentran en un mayor reconocimiento de derechos sociales y un Estado más activo, pero no se debe olvidar la otra parte del problema constitucional: la organización del poder. El primer ámbito del malestar, es decir, aquel relacionado con el abuso en el orden laboral, económico y social, puede subsanarse -pero no será suficiente- a través del reconocimiento y garantía de más derechos sociales en la próxima Constitución.





