Investigación Penal Desformalizada: un vacío normativo que conduce a un abuso del Estado en la persecución criminal.

En la actualidad, tras la reforma procesal penal implementada en el país a partir del año 2000, al Ministerio Público, órgano revestido de autonomía constitucional de conformidad con el artículo 83 de la Carta Fundamental, le corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública prevista por la ley –artículo 1° Ley N° 19.640-.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal, el procedimiento y, específicamente, la investigación de un hecho que reviste los caracteres de delito, se inicia, ya sea de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella.

Frente a lo anterior, de común ocurrencia, es que tras la iniciación de una investigación, destinada a determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito, así como la participación en el mismo, transcurran meses y, en algunos casos, años, sin que la investigación llegue a ser efectivamente formalizada ante el Juez de Garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 del Código Procesal Penal. Es dable hacer notar, que en determinadas situaciones, jamás se llega a la etapa de formalización de la investigación.