La protección en contra del Instituto Nacional: una reflexión en cuanto a los límites de la democracia.

En un reciente fallo la Corte Suprema revocó parcialmente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, impetrada por apoderados y alumnos del Instituto Nacional en contra de diversos dirigentes estudiantiles del establecimiento, del Rector y la Alcaldesa de Santiago, en su calidad de sostenedora. (Véase relacionado)

El fallo destaca por el hecho de reestablecer el principio de separación de funciones, al exonerar a la Alcaldesa de una serie de obligaciones establecidas por la sentencia de primera instancia, como la de “abstenerse de firmar cualquier documento que fije condiciones o requisitos para la procedencia y mantenimiento de tomas o paralizaciones referido al establecimiento educacional”. Como también la exime de la obligación de “que en caso de futuras tomas que afecten al Instituto Nacional José Miguel Carrera” adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.

Como sostiene el fallo de máximo Tribunal, “no es posible aceptar que los tribunales entren en ese espacio a través de una decisión judicial que fije de un modo inalterable o inmutable cómo debe ser la respuesta del ente municipal frente a esos acontecimientos.” (Considerando 9°) Al respecto, agrega que “resultaría ilusorio que este tribunal definiera a priori la reacción que debe tener la Municipalidad de Santiago frente a cada toma estudiantil, porque pese a tratarse de un acto ilegal, le corresponde a esa autoridad administrativa apreciar dentro de su ámbito de competencias cuestiones de mérito y oportunidad que determinará cómo enfrentarlas.” (Considerando 10°)