La responsabilidad política en el régimen presidencialista chileno: la mujer del César no sólo debe serlo, también debe parecerlo.

En el último tiempo hemos sido testigos de cómo se ha generado una pérdida de confianza y legitimidad en la institucionalidad chilena. En palabras de la propia autoridad las instituciones funcionan. Frente a dicha afirmación no cabe más que dos probables respuestas. Si bien las instituciones funcionan, lo hacen pésimo, caso contrario no sería necesario crear de tiempo en tiempo Comisiones Asesoras, Comités y modificar el sistema jurídico de acuerdo a la contingencia. Una segunda respuesta, ya mucho más categórica que la anterior; las instituciones no están funcionando. Caso contrario, ¿cómo se explica que los casos Penta, Caval, Soquimich, Cascada, entre otros, se conocieran a raíz de causas laborales o por información dada a conocer por los medios de comunicación social, y no por los entes encargados del control y fiscalización dentro del aparataje estatal? Muy por el contrario, son precisamente los propios entes encargados de efectuar el control y fiscalización dentro del sistema, quienes se han visto involucrados en presuntos hechos de corrupción[1] y presuntos delitos de carácter penal.

Un régimen presidencialista como el nuestro presenta el problema de la doble legitimidad, lo que constituye una desventaja dentro de un Estado de Derecho donde debería existir un real equilibrio entre los poderes o funciones del Estado. Como ejecutivo y legislativo son electos de manera directa por la ciudadanía, y por lo tanto depositarios de la soberanía, nada pueden reclamarse el uno del otro. Lo que trae como consecuencia directa, la extinción de la responsabilidad política. Si bien es cierto, nuestra Norma Suprema contempla la acusación constitucional, este mecanismo es más bien un juicio jurídico a cargo de un órgano de naturaleza política, resultando en la práctica poco eficaz. Dado que la resolución del mismo se toma de acuerdo a parámetros también políticos.

Cuando hablamos de responsabilidad política, estamos hablando de aquella que debe asumir la autoridad respondiendo frente a los ciudadanos por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones en aquellos casos en que ha abusado de su poder. Esta responsabilidad se materializa haciendo dejación del cargo. Ni siquiera se hace necesario la petición de renuncia. La propia autoridad cuando ha incurrido en conductas impropias debiese renunciar. Se debe tener presente lo que muy bien señalaba Valentín Letelier Madariaga al respecto, “mientras más alto sea el cargo que se ostenta, mayor es la responsabilidad que nos amenaza”.