Nueva Constitución, Democracia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Quienes promueven una nueva Constitución con el fin de fortalecer la democracia debieran ser muy restrictivos con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: este Derecho, tal y como se está aplicando, representa una amenaza para nuestra espacio de deliberación pública.

Uno de los argumentos que suelen esgrimir los partidarios de una nueva Constitución es la necesidad de fortalecer nuestra democracia. Si antes eran los “enclaves autoritarios”, hoy son los “cerrojos y metacerrojos”, la “neutralización de la agencia política del pueblo” y las “leyes contramayoritarias”, entre otros. La nueva Constitución, se nos dice, tendría como finalidad superar estos resabios de la “democracia protegida” consagrada en la Constitución vigente.

Pues bien, si lo anterior no es simple retórica, es imprescindible fomentar, con tanto o más fuerza, un fortalecimiento de la ley. Como es sabido, el proceso legislativo ha sido considerado históricamente un signo y una garantía de la democracia, sobre todo si ésta es entendida como como resultado de la deliberación entre iguales. Fortalecer la democracia, entonces, debería traducirse en un fortalecimiento de la ley (y del poder legislador, particularmente el Congreso).