A propósito de Estados Unidos y la crisis institucional en Venezuela.

Alexis Ramírez*

En las últimas semanas la crisis institucional en Venezuela ha alcanzado un nivel crítico con la disputa acerca de la legitimidad del Poder Ejecutivo. Esta crisis data del año 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la desincorporación de tres diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN), sin los cuales la oposición perdía su mayoría. Ante el no acatamiento de dicha orden, el TSJ declaró que asumía las funciones de la AN, lo que motivó una serie de protestas a lo largo del país. La respuesta del gobierno fue convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la que fue dotada de poderes plenipotenciarios respecto a los poderes del estado establecidos. Así, los actores principales de la crisis política venezolana son: el gobierno de Nicolás Maduro, reelecto en unas elecciones convocadas por la ANC, la propia ANC y el TSJ, por una parte; y por otra, la AN controlada por la oposición. La reelección de Maduro fue declarada ilegal por la AN, la cual procedió a nombrar a su presidente, Juan Guaidó, como presidente interino, invocando los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana.