Amnistía Internacional señala que autoridades chilenas deben garantizar la salud de población carcelaria ante el COVID-19.

Las autoridades chilenas deben acelerar la aplicación de medidas que reduzcan el hacinamiento carcelario, así como proveer todos los servicios esenciales para evitar casos de personas con COVID-19 en las cárceles del país, señaló Amnistía Internacional en una carta abierta al Estado chileno.

“La estrategia de criminalización de la protesta social aplicada por las autoridades durante los últimos meses mantiene tras las rejas a cientos de personas por delitos menores, lo cual agrava las ya precarias condiciones del sistema penitenciario chileno, poniendo a miles de personas en riesgo», dijo Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Hace poco más de un año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió del hacinamiento en más de la mitad de las cárceles chilenas, la insuficiencia de servicios de limpieza o falta de profesionales de salud para atender a la población carcelaria. Tras la respuesta de las autoridades frente a las protestas sociales desde octubre de 2019, aplicando de manera indebida y desproporcional ciertas leyes, entre ellas la Ley de Seguridad del Estado, la población carcelaria ha continuado aumentando.