Colaboración social, Estado facilitador y financiamiento descentralizado, se proponen incorporar al texto de la nueva Constitución.

La iniciativa de norma constitucional propuesta por Eduardo Cretton, Ricardo Neumann Manuel José Ossandón, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Claudia Castro, Constanza Hube, Pablo Toloza, Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos, Arturo Zúñiga y Katherine Montealegre, busca incorporar en el texto de la nueva Constitución el principio de colaboración social.

Para justificar su propuesta, los autores se refieren que las personas son seres sociales por naturaleza, y en razón de esta naturaleza el individuo vive y se asocia con otros, con la finalidad de alcanzar objetivos que por sí solo no podría cumplir. Este carácter asociativo de la persona, parte esencial de su naturaleza humana, es una de las claves para alcanzar el Bien Común, ya que son justamente estas asociaciones, públicas o privadas, a través de las cuales las personas pueden alcanzar sus propios fines y autorrealizarse.

Es por esto que el carácter asociativo de la persona es anterior al Estado, y constituye una extensión de los seres humanos, en otras palabras, el ser humano se da cuenta que intercambiando con otros puede beneficiarse, de igual manera se da cuenta que el unirse a otros también puede ser beneficioso, y extiende esa práctica a diversas áreas y con variados objetivos, afirman los convencionales.