Corte de Santiago confirma fallo que ordenó al Fisco indemnizar a víctima de prisión política y tortura.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de $ 80.000.000 a pobladora que fue víctima de prisión política y tortura en 1973.

La sentencia de primera instancia indica que se debe considerar asimismo, que tanto la Ley 19.992 como la Ley 19.123, surgen del reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado, por el daño causado por sus agentes durante el periodo de represión política. La misma ley contempla diversos mecanismos de reparación, los que sin embargo, no pueden considerarse como finales o únicos y no obsta a que individualmente cada una de las victimas reconocidas por el Estado, persiga una reparación por daño moral, que aminore en alguna medida el daño sufrido por agentes del Estado, en el concierto de una política de Estado.

La resolución ratificada agrega que estas consideraciones impiden acoger la tesis Fiscal, que se asila en que la demandante fue indemnizada en virtud de las pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.992, dado que resulta inconciliable con el derecho internacional humanitario considerando que la responsabilidad del Estado frente a violaciones de los Derechos Humanos, siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional.