Costos de litigación: pay to play vs. free to play, por Branco Aravena Cuevas

Hay tres hechos que no podemos desconocer: primero, que, a la fecha, se mantiene vigente el Código de Procedimiento Civil, el que tiene una vida de más de 100 años. Segundo, que hubo una modernización tanto en la orgánica como en el procedimiento aplicable en sede penal, de familia y laboral. Tercero, que el proyecto de Código Procesal Civil duerme en el Congreso Nacional. De acuerdo con lo anterior, podemos contrastar dos modelos procesales: el de la justicia civil (que se basa aún en el Código de Procedimiento Civil) y el de los procedimientos reformados (cuyos cuerpos normativos son, principalmente, el Código Procesal Penal, la Ley 19.968 y el Libro V del Código del Trabajo). El primero, como es sabido, se caracteriza por ser escrito, mediato y de tramitación generalmente demorosa. Los segundos se caracterizan por ser predominantemente orales, en los que hay inmediación entre el juez y la prueba, y –al menos idealmente– de una tramitación mucho más rápida y eficaz que los juicios civiles.

Ahora, estas no son, desde luego, las únicas diferencias, sino que hay una que preocupa especialmente, y que tiene que ver con los costos de litigación. Para ello es importante que contrastemos ambos modelos, a partir de ciertos parámetros: (i) los costos de notificación; (ii) los costos de producción de los medios de prueba; (iii) los costos de obtención de los medios de prueba. De acuerdo con estos criterios, es posible advertir que el modelo de justicia civil es uno altamente costoso, esto es, uno pay to play, mientras que los procedimientos reformados corresponden a un modelo free to playy excepcionalmente de pay to win. Hago una aclaración: cuando me refiero en este caso a los procedimientos reformados, con ello comprendo a los procedimientos de familia y laboral. El procedimiento penal tiene sus particularidades por la intervención del Ministerio Público como parte en el juicio, quien es un litigante calificado.

El modelo de justicia civil es, definitivamente, uno de pay to play, esto es, que hay que pagar para jugar. A pesar del postulado tradicional del principio de gratuidad, esto es, que las actuaciones de los tribunales no implican un desembolso para los litigantes, lo cierto es que hay una serie de gastos asociados, especialmente vinculados con los tres criterios arriba trazados. El primer costo que debe afrontar el litigante es el de iniciar el procedimiento, y con ello no me refiero al pago de los honorarios del abogado que asuma la causa (puesto que este es un desembolso transversal al modelo de justicia civil y el de los procedimientos reformados), sino que al pago de la gestión de notificación de la demanda y su proveído, que será de cargo de un receptor. Otro tanto ocurre con las notificaciones sucesivas, como la citación a audiencia de conciliación, la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, la notificación de la sentencia definitiva, y cuando se ordena la comparecencia personal de las partes. Un segundo costo asociado es el de producción de los medios de prueba. Con excepción de la prueba documental, que se acompaña gratuitamente en la carpeta virtual, la absolución de posiciones y la prueba testimonial requieren de la intervención de un ministro de fe, el que –nuevamente– será un receptor judicial. La práctica demuestra que, sin un receptor presente, no hay derechamente absolución de posiciones ni interrogación de testigos, por lo que el litigante particular debe soportar el gasto de producción de estos medios de prueba. Finalmente, en cuanto a los costos de obtención de los medios de prueba, es posible observar que, por regla general, son de cargo del litigante, y destaca especialmente la producción de la prueba pericial. La excepción viene dada por los oficios, lo que es doblemente excepcional: porque implica la obtención gratuita de un medio de prueba, y porque los tribunales suelen ser reacios a concederlos, bajo la confusión de que constituyen un medio de prueba en sí mismo, trasladando erróneamente su costo de producción al litigante.

El modelo de los procedimientos reformados es, en cambio, uno de free to play. En cuanto al costo de trabar la relación procesal, este es gratuito y no es asumido por el litigante. Normalmente, la notificación de la demanda, requerimiento o denuncia es gestionada por el Centro Integrado de Notificaciones, lo que implica un alivio económico para el litigante particular. Además, las otras notificaciones son practicadas normalmente en audiencia o por medio de correo electrónico. En cuanto a la producción de prueba, esta es incorporada en la audiencia de juicio, que es la oportunidad procesal diseñada para tal propósito. En virtud del principio de inmediación, es el juez quien percibe directamente la producción de los medios de prueba, por lo que no se requiere de un intermediario pagado como lo es el receptor judicial en los procedimientos civiles. Finalmente, en cuanto a la obtención de los medios de prueba, al igual que en los juicios civiles, es de cargo de las partes, sin perjuicio de que se acepta ampliamente la obtención de documentos por medio de oficios. En cuanto a la prueba pericial, esta, al igual que en un juicio civil, también es onerosa para cada parte. En este orden de ideas, la obtención de un peritaje se ajusta más a un esquema de play to win, en el sentido de que el litigante contará, pago mediante, con un medio de prueba mucho más técnico y sofisticado que permitirá procesar e interpretar la información disponible, de acuerdo con la metodología apropiada para ello.