Informe del CED cuestionó justificación y eficiencia de propuestas legislativas en materia de desórdenes públicos.

En días pasados, el Centro de Estudios del Desarrollo publicó un Informe que contiene precisiones y comentarios críticos respecto del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que fortalece el resguardo del orden público (Véase relacionado) y respecto del proyecto de ley, iniciado por medio de una moción parlamentaria, que busca establecer el ocultamiento del rostro como una circunstancia agravante (Boletín N° 7903-07).

El informe comienza reconociendo que en esta materia se debe lograr un adecuado balance entre el derecho a manifestarse en espacios públicos y el derecho a la libertad de expresión, por un lado, y el estado de tranquilidad social que es necesario para el funcionamiento de la sociedad, por otro. Al respecto, critica la regulación a nivel constitucional, toda vez que se ha entregado a un decreto supremo la regulación del ejercicio del derecho de reunión, lo cual ha merecido cuestionamientos desde la perspectiva internacional.

Por otro lado, el informe reconoce que el actual artículo 269 del Código Penal, que consagra el delito de desórdenes públicos, se encuentra obsoleto toda vez que “no permite compatibilizar un pacífico ejercicio de los derechos y libertades de cada uno de los habitantes”.