La inteligencia artificial generativa (IAGen) y la función judicial, por Andrés Gil Domínguez.

I. La Corte Constitucional de Colombia en el marco de una acción de tutela –mediante la cual se debatió si correspondía conforme a la normativa colombiana vigente exonerar a un niño discapacitado del cobro de copagos y cuotas respecto de servicios y medicamentos- analizó si el uso por parte del juez de segunda instancia del ChatGPT 3.5 había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso puesto que existían dudas sobre quien dictó la sentencia (el juez o una IA), como así también, si la decisión jurisdiccional fue debidamente motivada o fue producto de alucinaciones y sesgos generados por la IA.[1]

El juez de alzada, en el trámite de revisión, declaró ante la Corte Constitucional que la decisión jurisdiccional fue adoptada exclusivamente por él basándose en el razonamiento judicial y que la IAGen utilizada cumplió una función de herramienta de consulta complementaria después de haber adoptado la solución para el caso concreto.

El tribunal resolvió exhortar a los jueces y juezas a que hagan un uso adecuado de la IA a efectos de garantizar el debido proceso y la independencia y autonomía judicial. Asimismo, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que divulgue una guía, manual o lineamiento en relación con la implementación de la IA en el ámbito del Poder Judicial generando espacios de capacitación y que fomente el aprendizaje de conocimientos básicos sobre el uso de la IA en el contexto judicial con un enfoque basado en los derechos.