Para listas de espera
Libertad y Desarrollo advierte urgencia de aprobar reforma a licencias médicas para frenar abusos y liberar recursos en salud
El proyecto de ley busca reducir incentivos al uso indebido, fortalecer la fiscalización y mejorar la eficiencia del gasto, en medio de un alto costo fiscal y baja sanción a irregularidades

Un informe del Instituto Libertad y Desarrollo plantea la necesidad urgente de avanzar en la aprobación del proyecto de ley que reforma el sistema de licencias médicas, con el objetivo de reducir abusos, mejorar el uso de los recursos públicos y enfrentar los desafíos del sistema de salud.
El documento advierte que Chile destina un alto porcentaje de su PIB a salud —un 10,5%, por sobre el promedio de la OCDE—, pero una parte importante de ese gasto se utiliza en licencias médicas, que en muchos casos no responden a razones estrictamente sanitarias, sino a una forma de reemplazo de ingresos laborales.
En 2024, el gasto en licencias médicas alcanzó cerca del 1% del PIB y representó casi la mitad de las cotizaciones de salud. Si bien en 2025 se registró una caída cercana al 13% en la emisión de licencias tras las fiscalizaciones de la Contraloría, no existe certeza de que esta tendencia se mantenga, especialmente considerando que menos del 4% de los funcionarios investigados terminó con sanciones.
El informe advierte que la baja probabilidad de castigo y la debilidad institucional favorecen la continuidad de los abusos, por lo que propone avanzar en cambios estructurales.
Entre las principales medidas del proyecto de ley —ingresado en 2025 y aún sin avances en el Congreso— se encuentra la creación de un período de carencia para el pago de licencias, aplicable tanto a trabajadores públicos como privados, con el fin de desincentivar su uso innecesario.
También se plantean límites a la extensión de las licencias médicas, especialmente en casos que superen los 180 días en un año, acercando el sistema chileno a estándares internacionales.
Otro eje relevante es el fortalecimiento de la fiscalización, otorgando mayores atribuciones a organismos como Fonasa y las Compin, junto con la propuesta de que el control médico sea centralizado en Fonasa, dado que es la entidad que financia el sistema.
Además, el proyecto busca equiparar el tratamiento entre trabajadores del sector público y privado, estableciendo topes al beneficio que reciben los funcionarios estatales, que hoy no tienen límite.
El informe también sugiere incorporar un tope a la tasa de reemplazo de ingresos, proponiendo que las licencias cubran hasta un 70% del sueldo, en línea con otros seguros sociales y con estándares internacionales.
Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar la transición entre licencias prolongadas y la declaración de invalidez, así como sancionar no solo la emisión, sino también el uso de licencias médicas falsas.
Finalmente, el documento señala que el escándalo por el uso irregular de licencias —uno de los temas más relevantes del año pasado— debe ser una oportunidad para retomar la tramitación del proyecto, actualmente detenido, y avanzar hacia un sistema más eficiente, transparente y sostenible.
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