En el contexto de los graves acontecimientos producidos en la Araucanía.
LyD propone modificar la actual política indígena de nuestro país.
"la escaza capacidad del Ministerio Público y las policías, para poder hacer frente a este conflicto de alta complejidad, dejaría entre ver que nuestra institucionalidad no posee las herramientas necesarias para la aplicación de condenas “ejemplarizadoras” que entregue confianza a la población y disuadan la comisión de nuevos delitos".
La violencia, a juicio de LyD, proviene específicamente de “grupos violentistas organizados” que se atribuirían la representación de la “causa mapuche”, y que estarían atentando principalmente en contra de pequeños y medianos productores, sumado a los robos, cortes de tránsito y ataques incendiarios. El documento, reflexiona sobre las políticas indígenas existentes en nuestro país desde el período concertacionista, que se han enfocado –según indica- en la entrega de tierras, sería uno de los elementos claves en la agudización del conflicto mapuche. Agrega, que la escaza capacidad del Ministerio Público y las policías, para poder hacer frente a este conflicto de alta complejidad, dejaría entre ver que nuestra institucionalidad no posee las herramientas necesarias para la aplicación de condenas “ejemplarizadoras” que entregue confianza a la población y disuadan la comisión de nuevos delitos. Por otra parte, la crítica de LyD apunta principalmente a las políticas ruralizantes que se han venido aplicando y que se traducen en la entrega de tierras a los indígenas, “siendo que hoy la mayoría de ellos (70%) vive en las ciudades”. Asimismo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), tiene entre sus objetivos “reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) en el mundo indígena rural, perfeccionado la política de tierras y aguas mediante la incorporación de instrumentos de apoyo a la formación de capital humano”, destinando un 50% de su presupuesto a la compra de tierras; financiando mecanismos que permitan solucionar problemas de tierras (judiciales o extrajudiciales) y la regularización o compra de derechos de agua. Concluye el informe, emplazando a las autoridades correspondientes a replantear la actual política indígena, evaluando los incentivos en materia de entrega y compra de tierras, flexibilizando la venta o hipoteca de los predios para que las comunidades puedan acceder a los créditos, y mejorar la eficacia de la persecución penal desplegada por el Ministerio Público y la policía.
Vea texto íntegro del documento.
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