Rechazo y continuación del proceso constitucional o aprobar para reformar: las opciones en juego, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

La propuesta de nueva Constitución acordada por la disuelta Convención Constitucional adolece de severos problemas estructurales. Se trata de una proposición con falencias sustantivas relativas a cuestiones fundamentales del diseño institucional, en al menos tres ámbitos, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, que lleva por título “Rechazo y continuación del proceso constitucional o aprobar para reformar: las opciones en juego.”

Se afirma que debilita seriamente las bases de la democracia representativa, encaminándonos a una democracia identitaria con un Parlamento fraccionado. La proposición descree de los partidos políticos y privilegia una arquitectura que incentiva la atomización, en vez de moldear grandes mayorías. El sistema diseñado busca la radicalización del debate parlamentario por medio de dar continuidad permanente a las reglas electorales que fueron aplicables a la Convención, que rompen con la igualdad del voto y ante la ley, como los escaños reservados para pueblos indígenas, sobre dimensionados, entre otras. Estas reglas permitirán a las fuerzas más extremas distorsionar la discusión, al tiempo que ellas comprometen la alternancia en el poder. Luego el sistema diseñado crea incentivos para la generación de más y nuevos conflictos entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, como colegisladores. Ello ocurre con la iniciativa de leyes de concurrencia presidencial necesaria y con la regulación del veto del Ejecutivo. Esto, además de los que se producirán entre el Congreso de Diputado(a)s y la Cámara de las Regiones pues el diseño institucional priva a la segunda de involucrarse seriamente en el debate de materias muy relevantes para la ciudadanía (seguridad pública, derecho de propiedad, seguridad social, regulación laboral, entre otros). Se genera así un poder desmedido y sin contrapesos, internos y externos, para el Congreso de Diputado(a)s.

Luego, en relación al diseño del sistema judicial (que deja de ser un poder del Estado), la publicación afirma que compromete severamente su independencia, al proponerse la creación de un Consejo de la Justicia -integrado minoritariamente por jueces y con riesgos de captura por parte del poder político- que concentrará, además, las atribuciones de nombrar, evaluar y destituir a los magistrados. Así, se debilita el resguardo de nuestros derechos y libertades. Además, se crean diversos sistemas de justicia, nacionales e indígenas, que abren el camino para la discriminación arbitraria y la desigualdad ante la ley, existiendo incerteza (pues la propuesta no lo resuelve) sobre las materias que cada uno resolverá y respecto de quiénes ejercerá jurisdicción. La justicia a impartir podría en buena medida depender de la etnia indígena a la que se pertenezca o no, siendo aplicables reglas diversas (pluralismo jurídico), que nos son conocidas por todos, con la incertidumbre que ello conlleva para la ciudadanía en general.