Reinstauración de la pena de muerte en Perú: implicancias legales, éticas y sociales, por Rosmery Pinares Martínez y Daniela Mondragón Miranda.

1. Introducción:

La inseguridad ciudadana en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, llevando a la sociedad y al Estado a buscar soluciones drásticas frente a la creciente ola de criminalidad. En este contexto, la presidenta Dina Boluarte ha planteado una propuesta que ha generado gran controversia: la implementación de la pena de muerte como medida para combatir los delitos más graves. Si bien esta iniciativa responde al clamor popular de justicia y seguridad, también plantea profundas interrogantes jurídicas, éticas y políticas sobre su aplicación en el marco del Estado de derecho y las obligaciones internacionales asumidas por el país.

Es así que, el debate sobre la pena de muerte ha resurgido en el Perú con fuerza luego de que la presidenta Dina Boluarte planteara la posibilidad de aplicarla para violadores de menores de edad, en medio de un acto oficial en Piura, donde declaro que este tema en la agenda no debería causar temor[1], sino ser visto como una respuesta al clamor social frente a hechos atroces como el reciente asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo[2]. En este marco, el gobierno ha conformado una Comisión Sectorial para evaluar la viabilidad de esta medida, así como la participación de ministros y autoridades regionales que han mostrado respaldo a la iniciativa.