Seminario Embajada de Irlanda y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
Seminario analizó experiencia de Irlanda sobre la regulación de la IA.
Uso malicioso de imágenes, copyright en materia estudiantil, identificación biométrica de la identidad de las personas, son algunos de los riesgos que estaría presentando el uso de la Inteligencia Artificial y que se están regulando en Irlanda.
Si bien la Inteligencia Artificial (IA) supone un gran aporte al momento de automatizar, agilizar tareas y mejorar la precisión, también en algunos casos implica ciertos riesgos que requieren regulación. Así lo ha hecho Irlanda, país que en el último tiempo ha implementado medidas internas y, además, ha participado activamente en grupos de trabajo de la Unión Europea (UE) y Consejo Europeo para regular el uso de esta herramienta en pos de la protección de los derechos humanos.
Para abordar este tema, la Embajada de Irlanda en conjunto con el Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad, organizaron un seminario liderado por el Ministro de Comercio, Digitalización y Regulación Empresarial del Gobierno de Irlanda, Dará Calleary.
El encuentro se denominó «Inteligencia Artificial y desafíos regulatorios para los derechos de las personas: experiencia de Irlanda”, y posibilitó que la autoridad irlandesa conversará con los asistentes sobre algunos de los riesgos de la IA y cómo la colaboración entre países ha logrado tratar estos temas para promover la protección de las personas.
Temas
Te puede interesar
Con una abrumadora mayoría.
Votantes irlandeses rechazan enmiendas constitucionales que buscaban redefinir el concepto de “familia” y el “rol de la mujer”.
Posibles variaciones que afectan a la definición de familia.
Irlanda votó en referéndum para eliminar de la Constitución las referencias sexistas sobre la mujer en la sociedad.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Madres de trabajadores migrantes que están a cargo de sus hijos pueden solicitar ayudas sociales sin el riesgo de perder su derecho de residencia, resuelve el TJUE.
