Tribunal Constitucional permite segundo cambio de apellido en caso excepcional y refuerza derecho a la identidad, por Constanza Mondaca Contreras

En cuanto a la afectación de derechos, la sentencia desarrolla un análisis particularmente robusto en relación con la integridad psíquica, entendida como la protección del equilibrio emocional y la salud mental frente a interferencias que generen sufrimiento innecesario. El Tribunal reconoce que la imposición de portar el apellido del agresor configura una forma de revictimización constante, que excede el umbral mínimo de afectación constitucionalmente tolerable. En este sentido, se enfatiza que el derecho a la integridad psíquica no solo protege frente a daños nuevos, sino también frente a la persistencia de condiciones que impiden la reparación o prolongan el sufrimiento.

Asimismo, el fallo incorpora de manera explícita una perspectiva de género, al calificar la situación como una manifestación de violencia simbólica e institucional. La imposibilidad de modificar el apellido es entendida como una forma de perpetuación del vínculo con el agresor, lo que resulta incompatible con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, consagrado en la Convención de Belém do Pará . Este razonamiento no solo amplía el estándar de protección, sino que evidencia la necesidad de interpretar las normas internas a la luz de las obligaciones internacionales del Estado.

Otro aspecto que merece especial atención es la crítica implícita al procedimiento de cambio de nombre y apellido. El Tribunal recoge el argumento dado en el requerimiento y releva que el primer cambio fue realizado cuando la requirente era menor de edad, a través de su representante legal, en un procedimiento tramitado ante un tribunal civil, sin las garantías propias de una judicatura especializada. Esta constatación abre una discusión relevante sobre la necesidad de radicar este tipo de materias en los tribunales de familia, en coherencia con los principios de interés superior del niño y autonomía progresiva, con presencia de consejo técnico y de un abogado o abogada de los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, la sentencia permite proyectar una reflexión de lege ferenda. La rigidez de la regla “por una sola vez” evidencia la insuficiencia del diseño normativo vigente para dar respuesta a trayectorias de vida complejas, especialmente cuando los cambios de nombre o apellido han sido realizados durante la infancia. En este sentido, resulta pertinente considerar una reforma legal que permita, al menos, una nueva oportunidad de modificación una vez alcanzada la mayoría de edad, en línea, por ejemplo, con lo establecido por la Ley N° 21.120 en materia de identidad de género, que permite rectificaciones una vez alcanzada la mayoría de edad.

En síntesis, el fallo del Tribunal Constitucional a través de un ejercicio de ponderación desplaza la aplicación mecánica de la norma en favor de una lectura que prioriza la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de una decisión que reafirma el carácter instrumental del Derecho, transformándolo en una herramienta efectiva de reparación.

Constanza Mondaca Contrerases Coordinadora Clínica Jurídica, Coordinadora Departamento de asignaturas prácticas Centro de Prácticas Sociales (CEPS – UVM), Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales.