Opinión
Un reglamento que no se dicta, una ley que no se aplica y niños y niñas que sufren las consecuencias por no existir ante la ley, por Macarena Rodríguez
La ausencia de un reglamento para determinar la apatridia, pese a que la Ley 21.325 lo ordenó hace más de cuatro años, mantiene en la indefensión a cientos de niños y niñas migrantes en Chile, impidiéndoles acceder a identidad legal, salud, educación y otros derechos básicos, mientras las autoridades dilatan su implementación incluso desconociendo órdenes del Consejo para la Transparencia.

Apátrida es aquella persona que no es reconocida como nacional por ningún país. Algo que pudiere parecer muy excepcional en la región (Latinoamérica y el Caribe) es más habitual de lo que se cree. Particularmente, en contextos como el actual de importante movilidad humana de personas migrantes y refugiadas, donde un número significativo de niñas y niños nacen durante el trayecto migratorio o en el país de destino de sus padres, sin poder acceder a un registro de nacimiento formal, sin poder acceder a la nacionalidad del país en el que nacen ni a la nacionalidad de sus padres y, en muchos casos, sin poder contar con una identidad legal.
El problema afecta directamente a niños y niñas que viven en Chile, a sus familias y a las comunidades, pero también repercute de manera significativa en las instituciones y servicios públicos que, por carecer de mecanismos de detección y atención, no logran ofrecer soluciones oportunas. Se trata, entonces, de un problema transversal a nivel social que afecta tanto a los niños y niñas como a la institucionalidad estatal.
De acuerdo con los datos oficiales, se estima que viven en Chile 302.306 niños y niñas migrantes. A nivel mundial, se calcula que existen 166 millones de niños y niñas menores de 5 años cuyo nacimiento no ha sido registrado y 237 millones de niñas y niños sin certificado de nacimiento y, por tanto, en riesgo de apatridia. A nivel internacional, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han alertado sobre el impacto estructural de la falta de registro de nacimiento, de la apatridia y de la falta de documentos de identidad.
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