Claudia Serrano

La Ley N° 21.155 reconoce y protege el derecho al amamantamiento libre como una garantía colectiva, respaldada por la evidencia científica y orientada a resguardar la salud, el desarrollo y los derechos de niños y niñas, consolidando la lactancia materna como una política pública estratégica para el país.

Enfrentar procesos legales familiares en contextos de violencia implica para muchas mujeres una sobrecarga emocional, económica y física. Entre el temor por la seguridad de sus hijos, la presión laboral y la falta de apoyo estatal, miles de madres viven en una situación de extrema vulnerabilidad que el sistema aún no reconoce ni aborda con eficacia.

En los juicios de familia, decisiones clave sobre la vida de niños y niñas a menudo ignoran informes de profesionales como nutricionistas, pediatras o especialistas en lactancia. Reconocer el valor técnico de estos antecedentes es esencial para garantizar el interés superior del menor y emitir fallos que reflejen su realidad y necesidades.