Francisca Figueroa

El proyecto de ley sobre convivencia escolar intenta abordar la violencia en los colegios, pero presenta un diagnóstico limitado y soluciones burocráticas. Además, carece de recursos y herramientas necesarias para enfrentar el problema de manera efectiva. Si queremos colegios sin violencia, es urgente reevaluar la normativa que se propone.

La propuesta constitucional incluye un inciso que establece el deber del Estado de garantizar “el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”, lo que algunos han tildado como la constitucionalización del voucher. En esta columna se intenta aclarar porque dicha expresión no limitaría otras formas de financiamiento.

El financiamiento de la educación superior ha estado en el debate por no incluir la propuesta del texto una referencia expresa a su gratuidad progresiva. ¿Es justificable dicha ausencia? Esta columna intenta comprender los obstáculos que enfrentan los países, entre ellos el nuestro, para cumplir con uno de los objetivos del PIDESC (1966) en educación, que, sin embargo, la posterior CIDN (1989) omitió.

Un repaso por la historia constitucional de la educación permite concluir que la educación provista por el Estado nunca estuvo realmente presente en la Constitución, pues la educación pública reglamentada era toda aquella dirigida por el Estado sin importar quien la proveía. Fue esta dirección la que se intentó limitar en 1980, debido a que la institucionalidad tradicional conformada hasta ese momento cedió en 1971, frente a los intereses particulares del gobierno.

Las enmiendas al anteproyecto son una oportunidad de perfeccionar el texto, pero para que ello ocurra, los consejeros deben ser coherentes en el discurso que sustenta las indicaciones, y evitar la tentación de plasmar programas de gobierno.

La amplitud, flexibilidad y razonabilidad de los principios expuestos no se condice con agregar al final “y los demás que establezca la ley”. Esto no quiere decir que la ley no deba establecer principios, de hecho, lo hace en el artículo 3° de la Ley General de Educación, sino que estos que la ley establece no deben ser constitucionalizados al incorporar el texto constitucional una mención expresa a estos.

El lunes de esta semana el Pleno de la Comisión Experta votó las propuestas de norma que comienzan a dar forma al anteproyecto de Constitución que discutirá el Consejo Constitucional. Si bien las enmiendas que serán votadas prontamente impiden tener certeza absoluta sobre el futuro de las normas, en lo que respecta al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ya se pueden analizar sus principales características.

La elaboración de una nueva Constitución exige preguntarnos por aquellos aspectos perfectibles respecto de la actualmente vigente. En educación, uno fundamental es la consagración de la autonomía universitaria, resguardo necesario para mantener la independencia de las universidades y otras instituciones de educación superior con el fin de proteger la libertad de investigación y difusión del conocimiento.

Retomar la discusión constitucional teniendo dentro de las bases del nuevo texto, avanzar hacia un Estado social de derechos, exige tener un debate honesto sobre la mejor manera de avanzar en la protección de la educación y los demás derechos sociales, lo que no necesariamente pasa por hacer extensible nuestro actual recurso de protección a todos los derechos.