Francisco Javier Aldunate Ramos

El autor plantea que la anunciada reforma al Estatuto Administrativo abre una oportunidad para enfrentar una de las principales debilidades del empleo público chileno: la inestabilidad que afecta especialmente a funcionarios a contrata y honorarios. Sostiene que la discusión debiera avanzar hacia un reconocimiento efectivo de la carrera funcionaria, modernizar el sistema de calificaciones y reducir la dependencia de soluciones jurisprudenciales como la confianza legítima.

La columna analiza la controversia en torno a la aplicación retroactiva de nuevas interpretaciones de probidad sobre licencias médicas, cuestionando la legalidad de destituciones por hechos ocurridos antes del cambio normativo. A pesar de la importancia de sancionar faltas a la probidad, se plantea que el principio de irretroactividad y la seguridad jurídica deben respetarse en todo procedimiento disciplinario.

En esta columna, el autor responde al análisis de Héctor Sebastián Díaz O´kuinghttons sobre la denominada “ley de amarre”, profundizando el debate jurídico en torno al régimen de las contratas, el alcance del principio de confianza legítima y la necesidad de una reforma estructural al empleo público.

La reiteración de escándalos de corrupción en Chile revela que el problema no se resuelve con más leyes, sino con un cambio de enfoque: fortalecer la ética pública, la formación permanente de los funcionarios y los sistemas de integridad, dotando a la Contraloría General de mayores atribuciones preventivas y sancionatorias, para reconstruir la confianza ciudadana y resguardar la democracia.

La columna advierte que, más allá del clima lúdico de Halloween, miles de funcionarios públicos viven días de incertidumbre ante la posible no renovación de sus contratas y honorarios para 2026, en un sistema profundamente precarizado y distorsionado por excepciones, fallos y prácticas administrativas. A partir de un reciente fallo de la Corte Suprema que reafirma la temporalidad estricta de las contratas, el texto plantea la urgencia de una reforma integral del Estatuto Administrativo y, como medida inmediata, la modernización del sistema de calificaciones para dotar de objetividad, transpare