Javier Infante

El Tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, tras establecer que el banco recurrido incumplió el deber de seguridad en la prestación del servicio.

El objetivo principal del proyecto ingresado es disminuir la incertidumbre política.

El ente contralor sostuvo que, esto, es sin perjuicio de que si los cargos no se han efectuado debido a una conducta irregular del investigador, ello dé lugar a la designación de otro en su reemplazo.

Esto, ante la situación de emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19.

El Tribunal de alzada estableció que las omisiones denunciadas vulneran la ley de protección de los derechos de los consumidores.

Desde ahora los congresistas están facultados para sentenciar una iniciativa como aprobada o rechazada, a kilómetros del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso.

Hace unos días, el país se volvió a polarizar en torno a sucesos acontecidos hace ya 40 años. Y no me refiero a la conmemoración de fin del Gobierno de la Unidad Popular, sino al debate en torno a la condición en la cual se mantenían los condenados por violaciones a los DD.HH. No caeré en la clásica declaración condenatoria a ese tipo de crímenes. Se entiende implícita. Sin embargo, creo que es necesario reflexionar sobre los condenados, la igualdad ante la ley y la República.

¿Por qué evitamos la violencia? Básicamente porque atenta contra la naturaleza racional del hombre, inserto en sociedad. Quien no tiene argumentos recurre a la violencia, y quien no tiene argumentos no tiene la razón. La violencia privada es una manifestación volitiva carente de racionalidad.

De la mera definición esbozada, resulta evidente que la educación no es un acto entre iguales, al menos en relación con los conocimientos que se transmiten. Si ambos fueran iguales sobre ese punto, el acto carecería de total sentido.

Con el tiempo –mejor dicho con el desarrollo del mercado-, la Editorial fue perdiendo protagonismo y presencia, con el aparejado déficit financiero que ello necesariamente conlleva en una economía libre y competitiva. Hoy en día –como hemos podido apreciar- la misma existencia de la Editorial se encuentra cuestionada. Y es bueno que lo esté, y que prontamente deje de existir.

El Orden Público Económico es el conjunto de principios, normas y prácticas que delimitan el actuar económico de una sociedad. En nuestro caso, este Orden está delimitado por los principios contenidos en la Constitución de 1980 y demás leyes complementarias. En su conjunto, estas normas conforman lo que coloquialmente se conoce como “el modelo”.

“Sois provincias, pudiendo ser potencias…”