Javier Soto Solís

El debate sobre la regularización de trabajadores agrícolas migrantes revela una tensión entre el respeto a la ley migratoria y la urgencia de garantizar derechos laborales básicos. El desafío no es solo si regularizar, sino cómo hacerlo de forma efectiva, fortaleciendo la institucionalidad y asegurando condiciones dignas para todos.

A un año de vigencia, la Ley Karin ha revelado sus desafíos operativos y la sobrecarga de la Dirección del Trabajo. Aunque promueve entornos laborales más seguros, su aplicación improvisada exige ajustes urgentes en prevención, fiscalización y mediación para evitar que su implementación quede a medio camino.