Jorge Correa Sutil

El ente contralor sostuvo esto, siempre y cuando ello sea necesario para hacer efectivo el principio de continuidad del servicio público y así cautelar el derecho constitucional a la protección de la salud.

Lo que no comparto o no termino de comprender de su proposición es que, en vez de esa mirada simplista, propugne una lectura de la Constitución “como un programa que define los principales bienes o intereses sociales que los poderes públicos deben implementar”.

El error que veo en las lamentaciones de Letelier se extiende mucho más allá y amenaza, de la mano de una pléyade de neo constitucionalistas progresistas, con debilitar mucho más nuestra frágil democracia.